Multas por tenencia o consumo de cbd

Multa de 300€ por 0,6 g de CBD: el análisis que no mide el THC​

Una incautación de 0,6 gramos de cannabis, un año de espera y una sanción de 300 euros. El caso lo cuenta su protagonista con una pregunta que incomoda: el informe del laboratorio en el que se apoya la multa pesa la sustancia, pero no detalla el porcentaje de THC. Si lo que llevaba era CBD —flores con un contenido de tetrahidrocannabinol por debajo del 0,2% que se venden en estanco con su IVA correspondiente—, la sanción se sostiene sobre un vacío analítico. Y ahí empieza el lío.

Qué dice exactamente el informe del laboratorio​

El relato es minucioso. Registro policial nocturno, incautación, explicación de que se trata de CBD y aviso de que la muestra iría a análisis. Un año después llega la resolución: 300 euros y un informe que certifica 0,6 gramos de cannabis. Ni una línea sobre la concentración de THC. Es el corazón del problema y, a la vez, la principal baza para recurrir.

La lógica administrativa funciona aquí por presunción: si hay cannabis, hay sanción. La lógica química es otra. El CBD no es una planta; es un cannabinoide presente en variedades de cannabis con THC bajo o despreciable, y la sustancia fiscalizada es la otra. Un laboratorio que solo pesa la muestra no distingue entre un porro de cáñamo legal y una variedad psicoactiva. Como resume una intervención del caso, «qué coño de laboratorio es ese que sólo pesa la sustancia».

Recurrir o pagar: la aritmética de la sanción​

La duda económica planea sobre todo el asunto. Con pronto pago, la multa se queda en 300 euros. Si se recurre y la Administración mantiene el criterio, la cifra puede escalar hasta los 601 euros, la cuota sin reducción. Es el peaje clásico: el incentivo está diseñado para que renuncies antes de discutir.

Hay quien lo tiene claro y quien prefiere la vía rápida. «Si no eres abogado y no estás habituado a estos jaleos de papeles durante varios meses y años, terminas antes pagándola reducida», sostiene un caso que ya está en fase de recurso. Otros apuntan a la dignidad: que te sancionen por algo que se vende legalmente y tributa es, cuando menos, una anomalía. El cálculo completo de plazos, cuotas y costas —con el riesgo de condena en costas si se acude al contencioso— da una balanza que no siempre sale a favor.

El recurso paso a paso: plazos y argumentos​

El plazo para presentar alegaciones es de un mes desde la notificación. El argumento central: el contenido de THC no supera el límite legal del 0,2% y, por tanto, no hay sustancia fiscalizada. A eso se suma la petición expresa del boletín de análisis, porque sin ese dato la Administración no puede acreditar que la muestra fuera psicoactiva.

La vía administrativa rara vez da la razón. Una experiencia en curso lo describe sin adornos: la subdelegación responde que no, que a pagar, y el siguiente paso es solicitar el certificado de silencio administrativo negativo para saltar al juzgado con un recurso contencioso-administrativo. Meses, papeles y una incertidumbre que se alarga. También hay quien recurre con el ticket de compra de la tienda o con el certificado de análisis del lote que algunas marcas ofrecen por cada partida.

La cadena de custodia y el fantasma de la reincidencia​

El escepticismo recorre el asunto de punta a punta. Se cuestiona la cadena de custodia —qué garantía hay de que la muestra analizada sea la incautada— y se sospecha que el expediente se cierra por inercia estadística. A la vez, un dato añade presión: una segunda sanción en dos años puede elevar la multa hasta los 10.000 euros, 5.000 con pronto pago. Recurrir, entonces, no es solo una cuestión de 300 euros.

La predicción, con reservas: si el informe no incorpora el porcentaje de THC, la sanción tiene un flanco débil y los recursos deberían prosperar. Pero la práctica administrativa empuja a lo contrario, y el coste de tener razón puede superar al de callar y pagar.