Negocios online, empresa offshore

Facturar 1.000 euros y deberle el 40% a Hacienda: la huida al offshore​

Un negocio online que factura poco más de mil euros al mes se enfrenta a una decisión incómoda: darse de alta como autónomo y ver cómo la cuota y los impuestos se comen casi la mitad de los ingresos, o buscar fórmulas societarias fuera de España. La discusión arranca de un caso concreto: alguien con dos webs de afiliación que calcula que legalizarse le costaría en torno al 40% de lo que gana. A partir de ahí, el asunto se convierte en un pequeño tratado sobre la distancia entre lo que la ley permite y lo que la ley obliga.

El primer consenso es amargo: en este país, hacer las cosas mal sale más barato. «Una vez más, en este país, hacer las cosas de manera ilegal es la manera más rentable y cómoda», resume una intervención. Otros van más lejos y sostienen que las propias normas están redactadas para no entenderse: preguntar tres veces en Hacienda da tres respuestas distintas, con el ejemplo recurrente de si hace falta ser autónomo por debajo del SMI.

Sociedad limitada en Reino Unido: qué cuesta de verdad​

La vía más mencionada es la sociedad limitada británica. El argumento es que cualquier residente europeo puede constituir una empresa en Reino Unido sin restricción, y que el impuesto de sociedades allí ronda el 20% —sube al 23% por encima de 300.000 libras de beneficio, según los datos que se manejan—. El problema aparece al repartir beneficios: sobre lo cobrado como rendimiento del capital habría que tributar además en España, en torno al 19-21%. Sumar ambos tramos deja el ahorro en mucho menos de lo que sugiere la fama del offshore.

La clave jurídica que se discute es dónde se considera que está dirigida la empresa. Una corriente defiende que manda el lugar donde se reúne el consejo de administración: si se reúne en Reino Unido, la sociedad es británica. Otra sostiene que la residencia del administrador pesa más y que Hacienda puede reclamar. Nadie cierra el asunto, y ahí está el riesgo real: la interpretación final no la fija un folleto, la fija un inspector o un juez.

Paraísos fiscales: la letra pequeña que nadie lee​

Gibraltar, Irlanda, Hong Kong, Seychelles, Isla de Man. El catálogo es amplio y la promesa, engañosa. Gibraltar cobra un impuesto de sociedades del 15%; Irlanda, en torno al 12%. Hong Kong, en teoría, no grava los beneficios de fuente no local, pero su Hacienda «siempre intenta extender la consideración de operación local», y ahí hace falta abogado. La conclusión que se repite: si facturas desde un paraíso fiscal, pagas impuestos ahí, y encima pierdes acceso a financiación y cobertura.

El detalle que desmonta el mito es la doble imposición. Sin tratado, una inspección puede acabar en desastre; con tratado, pagas en origen y no tienes cobertura ni aquí ni allí. La única fórmula que se considera limpia es una sociedad en un país sin impuesto de sociedades, para tributar solo el rendimiento en España. Encontrarla es casi imposible.

El umbral de los 40.000 euros​

La recomendación más repetida no es fiscal, es de escala: por debajo de unos 40.000 euros anuales de beneficio, montar estructuras internacionales no compensa. El coste de gestores, contables y abogados se come el ahorro. La alternativa intermedia que se plantea es registrar una sociedad extranjera solo cuando el volumen lo justifique, y mientras tanto asumir el riesgo.

Con estos números, la huida al offshore debería ser masiva. No lo es. La mayoría de los pequeños negocios online siguen facturando en negro o aguantando la cuota. La predicción, con reservas: si el impuesto de sociedades español baja al 15-18% para sociedades de poca facturación, media discusión se evapora. Si no, el incentivo seguirá intacto.