No para de aumentar, 19,3 millones de ciudadanos depende ya de una ayuda, una pensión o un salario público

19,3 millones de españoles dependen ya del dinero público: el retrato de una economía subsidiada​

El último dato acumulado por la Seguridad Social y las administraciones dibuja un mapa de dependencia que las cifras oficiales maquillan con dificultad. 19,3 millones de ciudadanos —casi el 40% de la población adulta— subsisten gracias a una ayuda, una pensión o un salario directamente pagado con fondos públicos. La progresión no solo no se detiene, sino que se acelera. A finales de 2022, y según los datos de Fedea que recoge la discusión, el 37% de los recursos de los hogares españoles procedía ya de las administraciones: unos 565.000 millones de euros entre transferencias, pensiones y servicios públicos.

Los tres motores de la dependencia​

El incremento del número de pensionistas, el crecimiento del empleo público como estrategia para contener el paro y la inmigración —con un coste estimado de más de 30.000 millones de euros anuales para el Estado— son los factores que disparan la cifra. El empleo público ha superado la barrera de los 3,6 millones de funcionarios, y las nóminas del sector público se llevan ya el 60% de la recaudación tributaria. El coste por español: 4.000 euros al año. Al mismo tiempo, solo dos de cada diez contratos que se firman son indefinidos y a tiempo completo, lo que perpetúa la rotación y la necesidad de subsidios. El Ingreso Mínimo Vital, con un coste de 21.296 millones de euros, y las prestaciones no contributivas, que ya superan los 3,2 millones de perceptores, completan el cuadro. En total, siete millones de personas reciben subsidios, con un coste de 28.500 millones de euros anuales.

El horizonte: crecimiento mínimo y más presión​

Las perspectivas a largo plazo no invitan al optimismo. Según un estudio del Foro Económico Mundial citado en el análisis, la economía española crecerá apenas un 0,13% anual hasta 2060, insuficiente para sostener el estado del bienestar actual. La tasa de actividad laboral se sitúa en el 65% de la población en edad de trabajar, frente al 35% de inactivos —estudiantes, jubilados, discapacitados o amas de casa—. El paro entre los extranjeros alcanza ya el 14%, el nivel más alto en cinco años, mientras que la regulación masiva prevista podría añadir casi un millón de nuevos perceptores potenciales de ayudas.

El debate sobre la sostenibilidad política​

El empresario Martin Varsavsky lo resumió en su momento: «Esta izquierda quiere una fábrica de pobres para que le mendiguen». La expresión de «votos cautivos», que algunos analistas utilizan, sugiere que la dependencia económica de las prestaciones públicas puede tener un rédito electoral para el partido en el Gobierno. Más allá de las sospechas, los datos son tozudos: en el último año se han batido récords de gasto en prestaciones no contributivas y en nóminas de funcionarios, mientras la recaudación tributaria no consigue despegar al ritmo necesario.

El resultado es una economía que avanza a impulsos de la demanda pública, con un sector privado que no logra absorber el excedente de mano de obra. Con estos diferenciales, la pregunta no es si el sistema es sostenible, sino cuánto tiempo podrá mantenerse sin una reforma profunda que nadie parece dispuesto a abordar. Mientras, el relato oficial insiste en que la economía va como un cohete. Los números, sin embargo, sugieren que el cohete se alimenta de combustible prestado.