Corrupción ¡Nos vamos a divertir! Comienza la cacería

Seis cargos y 50 nombres: la cacería pendiente de una orden​

Abril de 2020. Una previsión empieza a circular con formato de noticia: Estados Unidos pedirá a España la extradición de entre 50 y 70 altos cargos políticos. Seis años más tarde, en agosto de 2026, el asunto reaparece con otro envoltorio —un mensaje de la Administración de Trump a José Luis Rodríguez Zapatero— y con la misma pregunta sin responder: ¿dónde está el expediente? El relato es minucioso. La lista de nombres, larga. El papel que lo sostiene, invisible.

Los seis cargos que se dan por cerrados​

El punto de partida es una enumeración cerrada: organización criminal, tráfico de drogas, obstrucción a la justicia, falsificación de visas y documentos públicos, protección oficial de extranjeros y blanqueo de capitales. Todos, se argumenta, son delitos muy penados en Estados Unidos. Ninguno, a la fecha de esta discusión, viaja acompañado de una orden de detención internacional visible ni de un auto publicable.

Ahí está la tensión que recorre todo el asunto. Por un lado, una acusación formal de seis capítulos contra ciudadanos españoles que, de confirmarse, sería el mayor golpe judicial cruzado entre Washington y Madrid en décadas. Por otro, la ausencia del documento que convierte una filtración en un procedimiento. El inventario completo de nombres, cargos y fechas que maneja el relato es mucho más largo de lo que cabe en estas líneas.

Carvajal, el testigo que prometió papeles​

En septiembre de 2021 se produce el giro más citado: Hugo «el Pollo» Carvajal se declara culpable de narcoterrorismo y anuncia su intención de entregar al juez documentación sobre presuntas ilegalidades vinculadas a Podemos y a Bildu. Varios medios recogen entonces que el exmilitar venezolano ofrecía pruebas y que su testimonio podía arrastrar a antiguos dirigentes de la formación morada.

La expectativa fue enorme. La materialización, bastante menos. Carvajal aparece en el relato como protegido del gobierno de Zapatero y, después, del de Sánchez, según uno de los tuits que se reproducen. De aquel anuncio no ha salido todavía una imputación firme contra nadie por los hechos que prometió acreditar.

Kinema, Correa y los millones de la Embajada de Ecuador​

Dos cifras reaparecen con insistencia en la reconstrucción. La primera son 2,6 millones de euros que el Gobierno de Rafael Correa habría adjudicado a Kinema, la cooperativa vinculada a Podemos. La segunda, 2,9 millones de euros más que habrían salido de la Embajada de Ecuador en España hacia una empresa interpuesta a través de un testaferro. La Fiscalía ecuatoriana, se subraya, podría llegar a llamar a la cúpula de la cooperativa.

Son cantidades que se citan una y otra vez y que nunca vienen con sentencia debajo. Pago público, cooperativa afín y testaferro: el triángulo encaja en el relato, pero encajar no es probar.

Zapatero, Aldama y el expediente dominicano​

El tramo final del hilo se desplaza a otro escenario. En julio de 2025 se difunde que el empresario Aldama habría puesto sobre la mesa los motivos reales de los viajes de Zapatero a República Dominicana, presentada como base de operaciones y destino habitual del avión oficial. Un exdirectivo de PDVSA entrega al juez, según las informaciones citadas, acuerdos comprometedores entre el expresidente y Maduro.

En agosto de 2026 llega el capítulo que reabre la cacería: la Administración de Trump lanza un mensaje rotundo a Zapatero, en el contexto de la captura de Maduro y de su incapaz respuesta sobre el origen de unas joyas. El asunto, a esa fecha, sigue sin resolución judicial conocida.

Bases, OTAN y la lectura geopolítica​

Hay una corriente que explica todo por el mapa y no por el sumario. Estados Unidos mantiene bases militares en España, tiene interés en que no se consolide aquí un gobierno de izquierda radical y no puede permitirse que un socio de la OTAN gire hacia el eje bolivariano. Desde esa lectura, la cacería sería menos jurídica que estratégica, y su velocidad dependería de la geopolítica, no de un juez.

La otra corriente se limita a mirar el calendario y a señalar el mismo detalle desde 2020: promesas de imputaciones, listas filtradas y ningún expediente a la vista.

Con estas piezas, lo razonable sería un pronunciamiento. Sigue sin llegar. El relato avanza, el documento no.