NOTICIA: OBJETIVOS A QUEMAR Y DESTRUIR EN CEUTA PARA LIBERARLA

Ceuta: el debate migratorio que también divide a sus críticos​

La paradoja más incómoda del asunto ceutí no está en Moncloa ni en la oposición. Está dentro del propio bloque que reclama mano dura. En las mismas discusiones donde se exige cerrar la frontera y devolver en caliente conviven llamamientos a la desobediencia civil pacífica —sentadas, boicot, presión vecinal— y propuestas que cruzan de lleno el Código Penal. Unanimidad, ninguna. Y ahí, justo ahí, está la grieta que conviene mirar.

A la fecha de esta discusión, el pulso público sobre Ceuta mezcla tres cosas imposibles de separar: presión migratoria, dependencia económica de la frontera y un discurso que se endurece a medida que pasan las semanas sin respuesta institucional.

Una economía pegada a la frontera​

Ceuta no es una plaza cualquiera en términos económicos. El comercio atípico —el porteo—, el puerto y el sector público sostienen buena parte del empleo de una ciudad con una de las tasas de paro más altas del país. Cuando la frontera se cierra, y se ha cerrado otras veces, el comercio se hunde en cuestión de semanas. Ese es el dato que convierte cualquier crisis migratoria en una crisis de caja.

De ahí que el enfado no venga solo del plano identitario. Viene también de comerciantes, autónomos y trabajadores que ven cómo su capacidad de facturar depende de un paso fronterizo que no controlan. La política migratoria y la política económica son, en Ceuta, la misma política.

Del boicot al delito: la línea que parte al bloque​

El repertorio de medidas que circula tiene escalones. En el más leve: cortar la colaboración con las entidades que reparten ayuda, sabotear sus sedes con pegamento en las cerraduras, montar provocaciones simbólicas de carácter religioso en la vía pública. En el intermedio: muros, confinamiento en campamentos con comida básica, retirada de internet y salida abierta hacia Marruecos.

Y en el extremo, propuestas que este medio no reproduce por su carácter delictivo: sabotaje, corte de suministros esenciales y envenenamiento de alimentos. Es ahí donde el bloque se parte en dos. El rechazo no llega desde fuera del cabreo, llega desde dentro: hay quien recuerda al vecino que envenenar a personas, niños incluidos, no es una estrategia, es otra cosa. También hay quien avisa de que ese material acabará usado como coartada por quien quiera justificar una suspensión de derechos.

Quién paga el agua, la comida y el WiFi​

La logística del campamento es, en sí misma, un asunto económico: convoyes de alimentación, ambulancias, suministro de agua en fuentes y duchas públicas, camiones con cobertura de telefonía. Se argumenta que garantizar esas comodidades genera un incentivo perverso para quedarse, y se responde que por debajo de un mínimo humanitario no hay política posible, solo delito.

La discusión sobre el estado de sitio como vía para devoluciones masivas se cruza con otra pregunta: si Rabat aceptaría o no esas devoluciones. Unos sostienen que Marruecos no pondría pegas; otros, que es retórica y que la puerta se cierra en cuanto llega el primer autobús.

Lo que nadie discute es que Ceuta lleva años funcionando como frontera, como puerto y como campamento sin que ninguna de las tres cosas se haya presupuestado a la vez. Con la frontera como activo económico y la calle como polvorín, la pregunta no es qué medida se anuncia. Es qué pasa cuando ni quienes exigen firmeza se ponen de acuerdo sobre qué firmeza.