Ojo!!!! Irene Montero: "Si la justicia funcionase el juez Peinado o Garcia-Castellón estarían en la cárcel o sin ejercer de jueces"

Irene Montero: «Si la justicia funcionase, el juez Peinado o García-Castellón estarían en la cárcel»​

¿Qué pasa cuando una exministra acusa directamente a dos jueces de prevaricación sin presentar pruebas? La frase de Irene Montero ha reabierto el debate sobre los límites de la crítica política al poder judicial y ha generado una tormenta en la opinión pública. La diputada de Podemos aseguró que los magistrados Juan José Peinado y Manuel García-Castellón deberían estar «en la cárcel o sin ejercer de jueces» si la justicia fuera real. La declaración, realizada en un acto público, no es una ocurrencia aislada: forma parte de una escalada de tensión entre el partido morado y ciertos sectores de la judicatura.

El contexto de la acusación​

Las palabras de Montero llegan en un momento en que varios frentes judiciales salpican a la izquierda. El caso de José Luis Ábalos, exministro socialista, centra la actualidad: el Tribunal Supremo ha avalado el avance de la causa e incluso se han filtrado datos sobre su investigación. En paralelo, el juez Peinado lleva el denominado «caso Begoña Gómez», que afecta a la esposa del presidente, y el magistrado García-Castellón instruye la causa de los «comunes» de Podemos. Montero vinculó ambas instrucciones a una supuesta «persecución política» y denunció que los jueces actúan como «palancas para asaltar las instituciones».

La respuesta de la comunidad jurídica ha sido inmediata. Fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya han abierto expediente al juez Peinado por otras actuaciones, pero consideran que las acusaciones de Montero carecen de fundamento. Recordemos que la diputada Ione Belarra ya fue condenada en 2023 a pagar 9.000 euros por llamar «corrupto» a García-Castellón, y el propio magistrado reclamó 350.000 euros por aquella intromisión en el honor. Montero, que no es ajena a este precedente, vuelve a situarse al borde de una querella por calumnias.

La doble vara de la crítica judicial​

El debate sobre la independencia judicial en España no es nuevo, pero la declaración de Montero ha polarizado aún más las posiciones. Por un lado, quienes sostienen que la judicatura arrastra un sesgo conservador que se remonta al franquismo y que casos como los de Peinado —cuestionado incluso desde el CGPJ— demuestran la necesidad de una depuración. Por otro, los que consideran que las acusaciones de prevaricación sin pruebas erosionan la separación de poderes y sitúan a la política por encima de la ley.

La ironía del asunto es que Montero, que llegó al Congreso de la mano del 15M prometiendo regeneración democrática, utiliza ahora un discurso que sus críticos califican de «chavista» y que recuerda a los ataques de otros líderes latinoamericanos contra el poder judicial. La exministra, que disfruta de un chalet con seguridad privada y un escaño en el Congreso, se presenta como víctima de un sistema que, según ella, protege a los «fascistas no purgados» en la judicatura.

Las consecuencias legales para Montero​

La pregunta que flota en el ambiente es si esta vez Irene Montero tendrá que pagar por sus palabras. Después de la condena a Belarra, los jueces afectados podrían presentar nuevas querellas. García-Castellón ya ha demostrado que no duda en proteger su honor, y Peinado, aunque expedientado, no es menos reacio a litigar. Una multa ejemplar —de entre 100.000 y 150.000 euros, según estimaciones— podría desinflar la retórica incendiaria de la excandidata.

Mientras tanto, Podemos sigue desangrándose en las encuestas. Con solo cuatro diputados en el Congreso y sin representación en buena parte de España, la formación languidece. Las declaraciones de Montero parecen más un intento de movilizar a su base —recurriendo al victimismo y al «todos contra nosotros»— que una estrategia política con posibilidades de éxito. El tiempo dirá si la justicia —esa que ella cuestiona— terminará por llamar a su puerta.