Puente vende la amnistía como un ahorro de trámites para la justicia
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha encontrado un argumento nuevo para la
amnistía: que ahorra trabajo a la justicia. Lo dijo en la inauguración de un tramo de la B-40 entre Olesa de Montserrat y Viladecavalls, junto al delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, y lo dijo con la tranquilidad de quien cree haber dado con la tecla. Sostiene que «no tiene sentido» someter a alguien a un procedimiento judicial para acabar indultándolo. La medida excepcional, presentada así, se parece bastante a una auditoría de eficiencia administrativa.
¿Qué ha dicho exactamente Óscar Puente sobre la amnistía?
El ministro defendió la norma como «la solución en este momento más necesaria y más conveniente» y pidió que impere «la responsabilidad y el sentido común» para aprobarla. Su frase más repetida fue la del «peregrinaje judicial que acabe en indulto». Y aderezó el razonamiento con una concesión difícil de discutir: la justicia «muy sobrada de recursos tampoco está». Ahí está el nudo. Si el problema es la falta de medios, amnistiar no los resuelve: los ahorra.
Matiz fino.
Puente respondía además al conseller de Derechos Sociales de la Generalitat, Carles Campuzano, que había admitido que habrá personas que no queden incluidas en la ley y que para eso «los mecanismos de indultos existen». El ministro no lo consideró «ningún disparate» y resumió la intención del Ejecutivo: «Queremos sacar la situación de los tribunales, que no haya consecuencias penales». Es decir, quitarle el caso a los jueces antes de que los jueces lo resuelvan.
¿Amnistía o indulto? El plan B que el Gobierno no descarta
La secuencia es sencilla de contar y complicada de encajar. Primero, una ley que borra los hechos. Después, para los que queden fuera, el indulto como red de seguridad. Campuzano lo dejó claro: ninguna amnistía está blindada al 100% porque las leyes «están sometidas siempre al control de los jueces». Puente recogió el guante y añadió que acabar con el conflicto sería «buenísimo para el conjunto de España y para Cataluña también».
El resultado práctico es el que resume la
boutade del día: si el destino final es el perdón, ahorrémonos el juicio. El problema es que el juicio no era solo el peaje para llegar al indulto; era también el lugar donde se determina qué hizo cada uno. Suprimirlo no simplifica el trámite, cambia el significado del trámite.
De dónde sale la idea de ahorrar trabajo a la Justicia
El argumento tiene una virtud: es honesto. Reconoce que el objetivo no es que los tribunales decidan, sino que no lleguen a decidir. Y tiene un problema: se apoya en la escasez de medios para justificar que no se usen esos medios. Hay quien lo lee como pragmatismo puro, y quien lo lee como la constatación de que el proceso judicial molesta más de lo que aporta.
El cálculo más cínico apunta a lo mismo: el indulto, en la práctica, ya era el destino previsible, así que la ley solo adelanta el resultado y se ahorra la liturgia. En contra pesa el argumento obvio, y es que un indulto exige una condena previa, un relato de hechos y una valoración pública. Sin eso, no hay perdón: hay desaparición del asunto. Una respuesta ingeniosa resumía el absurdo: para qué hacer juicios, si se ahorran papeleo, cafés de pasillo y corresponsales de televisión.
Óscar Puente, del «tortazo» de Rocafort al tuit borrado
El ministro es, además, un generador constante de material. El abogado Guillermo Rocafort dedicó un artículo de julio de 2024 a las declaraciones de Puente y de Fernando Grande-Marlaska a raíz de la detención de Nacho Cano, con una respuesta que las redes recogieron con entusiasmo. Y en paralelo circuló la viñeta del
Homo Puentus, firmada por Cuesta y Sañudo, que resume en un dibujo buena parte del tono del debate público alrededor de su figura.
Hubo más. Según las capturas difundidas en redes y recogidas por medios, Puente borró un tuit en el que usaba un cartel de SOS Desaparecidos para una broma sobre Dolors Montserrat, sin disculpa posterior. Ese episodio funciona como epítome del personaje público: mucha ocurrencia, poca corrección posterior.
Por qué Puente concentra tanta polémica
Hay dos lecturas que circulan con fuerza. La primera sostiene que no hay nada accidental en él: milita en el PSOE, es un socialista pragmático, no se esconde ni se enmascara. La segunda apunta a la utilidad política: un ministro que genera titulares permite que otros asuntos, bastante menos lucidos, pasen de largo. Cuando la conversación pública se llena de Puente, se vacía de todo lo demás.
En medio queda una cuestión incómoda, la de fondo: si el objetivo declarado es sacar el conflicto catalán de los tribunales, ¿qué queda del Estado de derecho cuando la ley se diseña para que ciertos casos no lleguen a juicio? La ley aún pendiente de aprobación dejará la respuesta en manos de los jueces encargados de aplicarla.
Con la amnistía sobre la mesa y el indulto esperando detrás, el argumento del ahorro convierte una cuestión de principios en una partida de contabilidad procesal. ¿Cuánto cuesta no juzgar?