Oye, lo digo al menos para que se sepa, la derecha al menos supo que no fui yo.

Un grupo familiar puede saber quién hizo qué y repartir motes, pero sospechar no es probar ni autoriza a señalar a nadie por su nombre. Sin resolución judicial, lo único que se sostiene es la presunción de inocencia.

El mote como expediente

En familias, pueblos y gremios el apodo hace de expediente: marca a quien se salió de la norma y circula sin juez ni testigo. Se repite tantas veces que acaba pareciendo un hecho.

Que un grupo cerrado «sepa» algo solo significa que ha contado la misma versión muchas veces.

Lo que exige la ley para señalar a alguien

La Constitución Española de 1978, en su artículo 24.2, reconoce la presunción de inocencia. La Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, protege el honor frente a intromisiones ilegítimas.

Un apodo no es una prueba. Una sospecha, por firme que sea, no demuestra nada, y colocar un nombre real detrás de un delito sin resolución judicial puede tener consecuencias legales.

Salud y familia, territorio minado

Cuando una disputa saca a relucir diagnósticos o secuelas físicas, se mezclan cosas que no tienen relación. La esquizofrenia la diagnostica un profesional sanitario; no la sentencia una discusión de sobremesa.

Contar la versión propia es libre. Publicarla como el relato de los hechos, no. Ante cualquier duda de salud, conviene acudir a un profesional.