Buceo presidencial: la lancha de los GEOS que pagamos
Que un presidente tenga hobbies no es noticia. Que para practicarlos movilice una lancha de los GEOS, un Falcon y hasta un caza de escolta, ya es otra historia. Esta semana ha circulado la crónica de una jornada de submarinismo del jefe del Ejecutivo en la que los medios del Estado se pusieron al servicio de su ocio. El relato incluye un detalle que duele: un buzo de la Guardia Civil con botellas de aire, destinado a vigilarle mientras flota, pagado con dinero público.
El despliegue para una inmersión
La secuencia, tal y como ha trascendido, tiene miga. Primero, el Falcon presidencial para desplazarse. Después, un F18 de escolta para que el avión no vaya solo. Y en destino, una embarcación de los GEOS —pensada para operaciones de asalto, no para turismo subacuático— con un agente de la Guardia Civil equipado con botellas de aire para supervisar la actividad. Todo ello para que el «primer nadador» del país disfrute de su afición.
La ironía del asunto es que la televisión pública lo presenta como rutina. Pero el coste de operar un Falcon y una unidad de élite no sale en los partes oficiales. Hay quien hace cuentas de cuánto puede valer cada inmersión. No hay respuesta.
Un patrón que se repite
No es un episodio aislado. Ya hubo tirones de orejas cuando el inquilino de La Moncloa se fue de vacaciones en el Azor nada más pisar la moqueta. La diferencia es que ahora el capricho incluye fuerzas de seguridad diseñadas para terrorismo, no para acompañar a un bañista ilustre.
El fondo del asunto
La pregunta no es si el presidente tiene derecho a desconectar. Es si el erario debe pagar sus aficiones con el mismo dinero que falta para otras cosas. Mientras tanto, los leales seguirán llamándole «el más guapo». Y al contribuyente le toca hacer el pago.