Muertos en Ceuta: la exigencia de dimisión que crece con las cifras
A estas alturas, discutir si Pedro Sánchez debe dimitir por la muerte de 57 personas en aguas de Ceuta es casi una provocación: la pregunta correcta es por qué no se ha ido. La cifra, que en el mismo día pasó de 57 a 67 según los recuentos que circulan, ha convertido el espigón del Tarajal en una frontera política. Y la paradoja es notable: cuantos más datos faltan, más sentencias se dictan.
Hay quien sostiene que la responsabilidad política es directa. Si un Gobierno permite que una avalancha de miles de personas intente cruzar a nado y decenas mueren en territorio español, la empatía que Sánchez reclama a Europa suena a humo. El presidente, rebautizado por la ironía popular como Pedro I el Empático, acusaba a los socios comunitarios de falta de empatía mientras los cuerpos seguían llegando a una playa a menos de cien metros del agua. Ese contraste no necesita maquillaje.
El pulso con Marruecos y el coste de no mirar a Rabat
Otra corriente del análisis apunta exactamente al lado contrario: Marruecos, no Moncloa, es el autor directo de la presión. Si el reino alauí no abre la puerta, no hay avalancha; si no hay avalancha, no hay muertos. Bajo ese prisma, exigir la dimisión de Sánchez es un premio para Rabat, que utiliza la migración como instrumento de negociación. La propuesta de cortar ayudas europeas, cerrar la frontera al hachís o reabrir el contencioso del Sáhara suena a respuesta lógica para quien cree que solo se entiende con Marruecos desde la presión.
El choque con Italia añade otro capítulo. Sánchez recuerda a Meloni que su país tiene la mayor entrada de migrantes irregulares de la UE después de que Roma suspendiera Schengen con España. El gesto es de manual: cuando falla la política interior, se arregla con un enemigo exterior.
El problema de fondo se llama gestión, no caridad
Detrás de la demolición política hay un dato incómodo para ambos bandos. En 2021 el asalto a Ceuta movilizó a unas 12.000 personas; en 2026 las cifras hablan de 60.000. La progresión es tan bestia que algunos ya proyectan medio millón en 2027. No hace falta ser experto en demografía para entender que ninguna comunidad autónoma, ningún CETI, ningún decreto de regularización masiva puede absorber eso. La laxitud en el control de fronteras no solo multiplica los intentos: los multiplica hacia la muerte. El desglose de esos números, incluido el célebre 98% de abandonos voluntarios que dio TVE, merece lectura aparte.
Y aquí está el fondo del asunto. La exigencia de dimisión por los muertos es legítima, pero pequeña; el verdadero motivo para una salida en plena crisis sería la incapacidad demostrada para gestionar la presión migratoria sin convertir cada episodio en una colisión demográfica y económica. De esos 57, los jueces dirimirán si hubo responsabilidad penal. La política, mientras tanto, ha dictado sentencia con una contundencia que no necesita esperar a la Fiscalía.
¿Cuántas avalanchas más harán falta para que alguien, desde el Gobierno o desde la oposición, diga en voz alta que esto no se resuelve con decretos ni con vídeos de empatía? La pregunta lleva meses abierta. Y la respuesta, a juzgar por los datos, sigue sin encajar.