Pensiones: el rechazo a los coeficientes reductores desnuda la fragilidad del sistema
El pasado jueves 11 de junio, PSOE y PP votaron en contra de eliminar los coeficientes reductores para los trabajadores con más de 40 años cotizados que se jubilan antes de los 65. El coste de la medida: 3.358 millones de euros, apenas un 1,56% del gasto actual en pensiones (215.900 millones). No es mucho, pero su rechazo dibuja la hoja de ruta del sistema: no hay margen para mejoras ni siquiera para una corrección menor.
El debate sobre la sostenibilidad
Quienes defienden el sistema actual admiten que la situación es delicada, pero descartan un colapso inminente. Apuntan a un empobrecimiento progresivo: pensiones cada vez más bajas en términos reales, especialmente para los nacidos en los 80, que apenas cubrirían gastos básicos. El aumento de dos años en la edad de jubilación ya supuso una reducción efectiva del 10% en la pensión de quienes no llegan a disfrutarla.
El agujero europeo sin provisiones
España es el país de Europa con más billones de euros comprometidos para pensiones que no están provisionados. Algunos análisis sitúan el punto de quiebra antes de 2030, aunque otros pronostican un deterioro más lento. La referencia al escritor De Prada sobre un «futuro indigno» para el país resuena en quienes ven una deriva orquestada hacia el desmantelamiento del estado de bienestar.
La decisión de no eliminar los coeficientes reductores es solo un síntoma. Si con la mínima mejora de 3.358 millones se cierra la puerta, qué cabe esperar cuando el gasto en pensiones supere el 15% del PIB. El sistema tiene las horas contadas o, como mínimo, una vejez muy deteriorada que afrontar.
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