Por qué el miedo a la etiqueta de intolerante paraliza el debate
Llamar intolerante a alguien no cierra un argumento: cierra la boca. Ese es el diagnóstico que se repite cada vez que se discute inmi gración, prestaciones o gasto público, y es cierto a medias. La etiqueta funciona como mordaza, sí. Pero también como escudo: permite soltar cualquier cifra sin fuente y salir del paso acusando al otro de censura. En medio queda el asunto real, que casi nunca se toca.
De discutir el gasto a insultar sin aportar un solo dato
El patrón se repite con precisión de relojería. Se arranca hablando de ayudas públicas, de quién cobra qué y con qué coste fiscal. Tres mensajes después, el intercambio ha derivado en descalificaciones étnicas, preguntas de índole estrictamente personal —y ajena a la economía— y acusaciones cruzadas de hipocresía. Cero presupuestos. Cero desglose por tipo de prestación.
Las únicas cifras que sobrevuelan ese terreno son dos redondas: más de 20 millones de perceptores y «25 millones de problemas serios». Se repiten como eslogan, nunca como balance. Nadie dice de dónde salen, ni qué incluyen, ni cómo se comparan con el coste real de sostener el sistema.
La pregunta que sí admite números
Cuántas personas reciben prestaciones contributivas y cuántas asistenciales. Qué coste neto arroja el sistema después de sumar cotizaciones e impuestos. Cómo queda España frente a sus socios europeos. Son preguntas tediosas, con respuestas antiestéticas, y por eso nadie las formula en un duelo de etiquetas.
El miedo a que te llamen intolerante no es el único freno. El miedo a que los números no confirmen tu tesis pesa igual o más.
Mientras el terreno siga siendo el del insulto y el contrainsulto, la política migratoria se seguirá aprobando sin auditoría. Alguien acabará haciendo ese desglose, probablemente un medio pequeño o un grupo parlamentario sin nada que perder, y entonces habrá que rehacer muchas posiciones. O no. El silencio también es una política.