Pregunta: PISO TURÍSTICO AL LADO, ¿VENDO?

¿Vendes el piso o te quedas? El dilema del vecino de un piso turístico​

Un propietario de la costa andaluza se plantea vender su vivienda después de que la vecina instalara un piso turístico junto al suyo. La comunidad votó en abril prohibir estos alquileres, pero la dueña tenía una licencia VUT de dos años de antigüedad, lo que la jurisprudencia del Tribunal Supremo considera un derecho adquirido. El resultado: noches sin descanso, fiestas de veinteañeros y la policía ausente. La opción que gana peso es vender, meter el dinero en fondos de renta variable y mudarse a un alquiler de temporada baja (400-500 €/mes de septiembre a junio). Pero, ¿es la única salida?

El blindaje legal de las VUT frente a la comunidad​

El caso ilustra un vacío legal recurrente: aunque la comunidad de propietarios acuerde restringir los pisos turísticos, las licencias concedidas con anterioridad quedan protegidas. El Tribunal Supremo ha fallado en varias ocasiones que la licencia de actividad es un derecho consolidado, por lo que un acuerdo de la junta no puede revocarla retroactivamente. Esto deja a los vecinos sin herramientas para recuperar la tranquilidad, salvo que el ayuntamiento –como el de Barcelona, que prevé eliminar las VUT en 2028– tenga un plan de moratoria o extinción progresiva.

Las opciones sobre la mesa​

Las alternativas se dividen entre quienes aconsejan vender y quienes sugieren medidas de presión: desde hablar con otros vecinos afectados hasta, en un tono más desesperado, sabotear la cerradura del piso turístico. El propietario descarta la vía judicial por ineficaz y la policial porque «ni aparecen». Así, la decisión se reduce a un cálculo económico: si vende, invierte en fondos de renta variable (RV) –donde ya tiene capital– y se va de alquiler en la misma zona por un coste asumible, pero pierde la propiedad en una costa donde los precios suben.

Un país que prima el negocio sobre el descanso​

La frase «es una basura de país» no es gratuita. Refleja la impotencia de quien ve cómo el derecho al descanso queda subordinado al derecho al negocio de un particular. Mientras los ayuntamientos no actúen de oficio o el legislador no cierre la brecha de las licencias adquiridas, muchos propietarios se enfrentarán a esta disyuntiva. Vender es rendirse; quedarse es asumir el ruido. No hay buen desenlace.