¿Por que el mejillon cebra es una especie invasora y el sarracenozainO BAUTIZAO no?

Por qué el mejillón cebra es ilegal y la migración no: el doble rasero que nadie quiere ver​

¿Por qué un molusco foráneo puede desencadenar un dispositivo legal de cientos de páginas y el movimiento de personas cruzar fronteras apenas genera un análisis económico comparable? La pregunta no es nueva, pero cada cierto tiempo reaparece, normalmente con calificativos que desvían la atención del fondo: la discrepancia entre cómo tratamos las intrusiones biológicas y las humanas.

Los ministerios publican guías exhaustivas sobre especies invasoras. El mejillón cebra, la hormiga roja, el ailanto o el jacinto de agua tienen su propio régimen sancionador y planes de erradicación millonarios. La lógica ecológica es clara: alteran los ecosistemas, desplazan a las autóctonas y generan costes económicos cuantiosos. Sin embargo, cuando se plantea el impacto de la migración masiva sobre los servicios públicos, el mercado laboral o la cohesión social, el debate se judicializa y las cifras oficiales escasean.

El BOE recoge con precisión qué especies no pueden entrar ni criarse en territorio nacional. Pero para las personas el marco es otro: derechos humanos, convenios internacionales y políticas de integración. La economía, en cambio, no entiende de excepciones morales: toda afluencia masiva de nuevos agentes —sean moluscos o humanos— tiene efectos sobre el stock de vivienda, la presión salarial y el gasto público. Los estudios sobre el impacto fiscal de la inmigración existen, pero nunca con la rotundidad de un real decreto de especies exóticas.

Aquí radica la contradicción: un mejillón que obstruye tuberías moviliza a tres ministerios; una llegada masiva que tensiona las listas de espera sanitarias apenas merece un informe de impacto económico. Mientras la normativa ambiental se aplica con mano firme, la económica sobre migración navega entre la ideología y el tabú.

La diferencia, claro, está en que un molusco no vota. Pero esa es ya una reflexión que excede la economía y entra en la política. Y la política, como las guías ministeriales, suele elegir qué desequilibrios merecen ser medidos.