¿Por qué subió los impuestos Mariano Rajoy?

Mariano Rajoy subió los impuestos en 2012 para cumplir los objetivos de déficit que exigía la Unión Europea y evitar el colapso de la economía española, que llegó a su Gobierno con un déficit del 9,4% y una quiebra bancaria inminente. La medida estrella fue el IVA, que pasó del 18% al 21%, aunque el IRPF llegó a subir hasta siete puntos.

La historia es conocida pero conviene repetirla porque se olvida con facilidad. Mariano Rajoy llegó a La Moncloa en diciembre de 2011 después de prometer en campaña que no subiría los impuestos. Unos meses después, en 2012, hacía exactamente lo contrario. La explicación oficial fue que las circunstancias habían cambiado de forma drástica respecto a lo que él mismo había defendido ante los votantes. Su frase, repetida hasta el agotamiento, fue que «la realidad nos obliga a hacer cosas que no queríamos hacer». No era solo retórica: el país estaba en una situación que no admitía muchas alternativas.

Un déficit del 9,4% y una banca en quiebra

Cuando el nuevo Gobierno abrió los cajones se encontró con un agujero mayor de lo que esperaba. El déficit público español estaba en el 9,4% del PIB, muy por encima de lo que Bruselas toleraba. España formaba parte de la zona euro y, por tanto, estaba sujeta a los objetivos de déficit que marcaba la Unión Europea. Incumplirlos no era una opción cómoda: significaba exponerse a un rescate como el que ya habían pedido Grecia, Irlanda y Portugal. El Ejecutivo sostuvo entonces que no había margen para recortar solo el gasto, porque buena parte del gasto público era rígido y no se podía tocar sin desmontar servicios básicos.

A eso se sumaba el sistema financiero. Varias entidades españolas estaban al borde de la quiebra y el Estado tuvo que intervenir para evitar un colapso mayor. En ese contexto, el Gobierno presentó un paquete de ajustes que incluía subidas de impuestos, nacionalizaciones bancarias y recortes de gasto por valor de 10.000 millones de euros. La alternativa, según defendió el propio Rajoy, era dejar que la economía se fuera a pique.

IVA al 21%, IRPF siete puntos y una subida cada quince días

La reforma fiscal de 2012 fue el corazón de la política económica de aquellos años. El IVA pasó del 18% al 21%, un salto de tres puntos que encareció el consumo de forma inmediata. El IRPF subió hasta siete puntos en algunos tramos, lo que supuso el mayor incremento de este impuesto en la historia de la democracia española. Y no fueron las únicas figuras afectadas: se crearon o elevaron impuestos sobre hidrocarburos, tabaco, alcohol, energía y hasta los premios de lotería.

El ritmo fue vertiginoso. Durante el primer año de legislatura, el Gobierno aplicó una subida fiscal cada quince días. La intención era clara: aumentar los ingresos del Estado lo antes posible para cuadrar las cuentas y transmitir a los mercados que España era capaz de pagar sus deudas. La recaudación neta creció en más de 31.000 millones de euros, una cifra que, según el Ejecutivo, sirvió para sanear parcialmente las cuentas públicas y evitar un «crack» financiero de consecuencias imprevisibles.

La deuda siguió subiendo después de Rajoy

Aquí viene la pregunta incómoda: si se subieron tanto los impuestos para reducir el déficit, ¿bajó la deuda? La respuesta corta es no. La deuda pública total pasó de aproximadamente 1,16 billones de euros en 2018, último año completo de Rajoy en el Gobierno, a 1,76 billones en 2026, lo que representa un incremento del 52%. Es decir, la deuda creció con fuerza después de que él dejara el poder.

Bajo el mandato de Pedro Sánchez, el endeudamiento se aceleró hasta alcanzar un ritmo de 260 millones de euros diarios en 2023, un 20% superior al promedio de la etapa de Rajoy. En términos porcentuales, el crecimiento fue de un 42-46% durante los primeros años de Sánchez, frente al 47% acumulado en los casi ocho años de Rajoy. La deuda per cápita se situó cerca de los 8.000 euros por habitante. Las cifras invitan a pensar que el problema no se resolvió con una subida de impuestos, sino que se trasladó hacia adelante.

Quién es el culpable y qué se puede hacer

La deuda pública española no tiene un único responsable. Es el resultado de decisiones fiscales, contextos externos y cambios en la composición de los acreedores a lo largo de décadas. La burbuja inmobiliaria entre 2000 y 2008, impulsada por los tipos de interés bajos del Banco Central Europeo y una regulación laxa del Banco de España, transformó la deuda privada en deuda pública cuando estalló la crisis. A eso se sumaron años de déficits sucesivos y una fiscalidad que, según diversos análisis, limitó históricamente los ingresos del Estado.

La composición de la deuda también ha cambiado. Antes de la crisis, Alemania y Francia poseían casi el 20% de la inversión cada uno. Durante la crisis de 2010-2012, la banca española absorbió gran parte de la deuda para evitar el colapso del sistema. Desde 2015, el Banco Central Europeo se ha convertido en el principal acreedor, acumulando cerca de un 33-34% de la deuda nacional mediante programas de compra de activos. Los no residentes poseen alrededor del 41-44%, las entidades de crédito han reducido su exposición al 15-24%, los seguros y fondos de pensiones representan un 8-15% y los particulares menos del 1%.

Eliminar la deuda pública por completo no es un objetivo realista. Reducirla de forma sostenible exige crecimiento económico, ajustes fiscales y una gestión cuidadosa de los vencimientos. La vía menos dolorosa es que el PIB crezca por encima de la deuda, como ocurrió entre 1996 y 2007. También se habla de reestructurar plazos, canjear bonos o aprovechar los tipos bajos mientras el BCE mantenga su apoyo. La suspensión de pagos, el famoso default, conlleva riesgos sistémicos graves y nadie con responsabilidad lo contempla en serio. Cualquier decisión sobre impuestos o deuda afecta al bolsillo de los ciudadanos, así que conviene contrastar los datos con fuentes oficiales antes de sacar conclusiones.