PP y Vox blindan la vivienda protegida: diez años de empadronamiento para comprar
El acuerdo entre PP y Vox en Castilla y León calienta el debate sobre vivienda: exigirán un empadronamiento mínimo de diez años en España para acceder a la compra de vivienda protegida, y cinco años para el alquiler social. La medida, presentada como prioridad en la legislatura, se complementa con la exclusión durante cinco años de personas condenadas por allanamiento o usurpación de viviendas. El paquete incluye además la construcción de 5.000 viviendas protegidas y una rebaja fiscal del 0,25% anual en el tramo autonómico del IRPF.
Una barrera de entrada que sorprende por su dureza: equivale a exigir una década de residencia ininterrumpida a quien quiera comprar una VPO. El mensaje es claro: la vivienda protegida no será para recién llegados, sean españoles de otras regiones o extranjeros. Críticos señalan que un español de Murcia que se traslade a Valladolid quedaría fuera durante una década, lo que algunos califican de “cobardía” y discriminación interna.
Detrás del blindaje late la preocupación por el crecimiento migratorio. Datos oficiales citados en la discusión apuntan a que España pasó de 6 a 11 millones de inmigrantes desde 2018, y más de 2,5 millones de extranjeros han solicitado la nacionalidad vía ley de nietos, lo que les daría derecho a voto. Con esos números, la exigencia de diez años de empadronamiento se lee como un cortafuegos electoral antes que como una política de vivienda.
El plan, sin embargo, no convence ni a los más duros: algunos lo consideran blando y reclaman exclusividad nacional. Otros lo tildan de electoralista y poco ambicioso. La duda queda en el aire: ¿5000 viviendas en una legislatura bastan para un parque que necesita decenas de miles?
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