Ceuta: cinco menores agredidos y un relato oficial que no cuadra
Las informaciones sobre agresiones sensual a menores en Ceuta han puesto al Gobierno contra las cuerdas. Las cifras no terminan de encajar: se habla de cinco niñas y un niño, pero también de hasta 45 víctimas en pocos días. Mientras el Ejecutivo insiste en que es un bulo, la oposición exige comparecencias y la ciudad mira al Ministerio del Interior, que guarda silencio.
Qué se sabe de los hechos
Según lo publicado, un grupo de menores habría sido agredido en el entorno de Ceuta. La versión inicial de cinco niñas y un niño convive con otra que eleva el alcance a decenas de casos, incluidos los que no se denuncian por miedo o deshonra familiar. En el extremo opuesto, hay quien niega que exista un patrón delictivo y atribuye las noticias a una operación de la ultraderecha contra el Gobierno. Entre unos y otros, las víctimas quedan en segundo plano: no hay confirmación oficial del número, de las edades ni de los presuntos autores.
La falta de datos contrasta con la rapidez con la que se ha politizado el asunto. El partido VOX ha convertido Ceuta en bandera electoral, mientras las formaciones del Gobierno sugieren que el problema ya está resuelto y que las agresiones habrían sido cometidas por ceutíes, en una curiosa inversión del argumentario habitual. La tensión diplomática con Jovenlandia –incluido el reciente movimiento de Colombia sobre el Sáhara Occidental– añade otro vector al conflicto.
La comparación que nadie quiere hacer
Mientras el caso de Ceuta copa titulares, esta misma semana se ha conocido la investigación a un hombre de 52 años por la presunta agresión sensual a un joven de 21 en Vitoria. El suceso apenas ha generado ruido político y ninguno de los partidos ha pedido la comparecencia de nadie. Para muchos, esa diferencia de trato delata que el debate no es realmente sobre violencia sensual, sino sobre qué víctimas son políticamente rentables. Una lectura incómoda que cuestiona el relato de unos y de otros.
El silencio como combustible
El Ministerio del Interior no ha comparecido. Esa ausencia está siendo aprovechada por todos los actores para llenar el vacío con sus propias versiones. La cifra de 45 víctimas, surgida de fuentes no oficiales, se ha convertido en un arma arrojadiza: los que denuncian ocultación la dan por buena; los que defienden al Gobierno la desmontan como invención. La instrucción judicial, si es que existe, no ha trascendido. Mientras tanto, los mensajes más extremos ganan espacio en el debate público, y el riesgo es que la sangre llegue al río antes de que aparezcan los primeros datos contrastados.
Con este escenario, lo previsible es que la polémica se alargue. Si el Gobierno no ofrece cifras oficiales y una cronología de los hechos, el relato lo escribirán los extremos. Y en ese terreno, las víctimas vuelven a perder siempre.