VOX Prioridad nacional en Extremadura

Vox coloca la prioridad nacional en el pacto extremeño​

El acuerdo de Gobierno entre PP y Vox en Extremadura convierte a la región en la primera de España que sitúa la llamada prioridad nacional en el centro de su programa, según el anuncio de Vox. El paquete incluye diez medidas estrella: regadío de Tierra de Barros, blindaje de la central nuclear de Almaraz, 500 millones más para Sanidad, gratuidad de la educación de 0 a 3 años, un fondo de compensación para agricultores frente al Pacto Verde y Mercosur, freno a macroparques eólicos y fotovoltaicos, oficina de verificación del padrón, recorte de partidas a ONG y sindicatos, bajada fiscal y 3.500 viviendas protegidas. Sobre el papel, un programa de legislatura. En la práctica, el primer choque llegó antes de tomar posesión.

Qué dice el pacto y qué se cae al día siguiente​

El texto promete que el español irá siempre primero en el acceso a vivienda protegida, alquiler social, ayudas y prestaciones. También endurecer el régimen disciplinario de los menores migrantes no acompañados, cerrar acuerdos de repatriación y garantizar que la región no acoja a más. El punto 6 habla de crear una oficina de verificación del padrón y la residencia efectiva para detectar fraudes y desactivar redes de empadronamiento irregular.

El problema es que el propio PP desmintió el eje del acuerdo. Feijóo aseguró que los españoles no tendrán prioridad en el acceso a los servicios públicos en Extremadura tras el pacto. La contradicción entre lo firmado y lo declarado por la dirección nacional es el nudo de todo el asunto: el socio de Gobierno niega la medida que el otro exhibe como trofeo.

Hay quien sostiene que se trata de un parche cosmético y que el sistema no cede nada relevante. Enfrente, el cálculo más optimista defiende que poner el término en el debate público ya es un paso impensable hace una década. Los dos bandos tienen parte de razón y ninguno la tiene entera.

El coste fiscal de las diez medidas​

El capítulo económico es el que menos se discute y más se nota. El acuerdo promete 500 millones adicionales para Sanidad, gratuidad de 0 a 3 años, un fondo de compensación para agricultores y ganaderos, deducciones por hijos y material escolar, reducciones del ITP y del AJD para jóvenes, bajada generalizada de tasas y 3.500 viviendas protegidas con avales a la entrada y pago diferido hasta diez años sin intereses. Todo eso sin subir impuestos, porque la región aspira a ser donde menos paguen las rentas bajas.

La cuadratura del círculo no aparece por ningún lado. Recortar partidas a ONG, cooperación al desarrollo y sindicatos da para poco más que calderilla comparado con el gasto comprometido. Quien haya hecho la suma completa, partida a partida, se topa con un agujero que nadie detalla.

Almaraz, el campo y los macroparques: la parte que sí une​

El blindaje de la central nuclear de Almaraz y la supresión de la ecotasa son los puntos con menos resistencia interna. También el fondo de compensación frente al Pacto Verde y Mercosur, que toca directamente el bolsillo de agricultores y ganaderos. La promesa de frenar la proliferación de macroparques eólicos y fotovoltaicos para proteger el suelo productivo conecta con un malestar rural que trasciende siglas.

El regadío de Tierra de Barros, aplazado durante años, se presenta como el símbolo de que esta vez va en serio. Es la medida más antigua de la lista y la más fácil de prometer.

La grieta interna: el sionismo y la base social​

No todo el descontento viene de fuera. Una parte del electorado más duro reprocha al partido su alineación con Israel y su apoyo a la política en Oriente Medio, y lo formula como una contradicción entre el discurso patriota y la sumisión a intereses ajenos. La respuesta oficial es que hablar de prioridad nacional en voz alta ya es una victoria.

El desgaste se mide en detalles. El PP rechazó en el Congreso una enmienda para expulsar a inmigrantes nacionalizados con delitos graves, lo que deja al socio sin su bandera más dura. Y el alcalde de Salamanca, del PP, frenó un centro de menores migrantes a las afueras de la ciudad, señal de que la presión funciona por abajo aunque la dirección la desmienta por arriba.

Qué queda del acuerdo cuando se aplique​

El paquete se aprobó con la promesa de que Extremadura sería la primera región con prioridad nacional. A la fecha de esta discusión, el PP ya había negado el punto central, el PSOE anunciaba que llevaría el texto al Constitucional y la aplicación efectiva seguía sin calendario. La predicción razonable, con reservas, es que las medidas de gasto se recorten, las simbólicas se mantengan y el choque entre socios se repita en cada consejo de Gobierno. Si el desmentido de Feijóo se sostiene, el trofeo se queda en el escaparate.