El SMI de 2.500 euros: el experimento que nadie se atreve a hacer
¿Y si se dividiera España en dos mitades: una con el salario mínimo en 2.500 euros mensuales y otra sin él? La idea suena a provocación, pero lleva años circulando entre economistas y tertulianos. Su último impulso, en 2026, ha vuelto a poner sobre la mesa las cifras que separan a los partidarios de un SMI generoso y los que lo ven como una receta para el desempleo.
La propuesta original es simple: dejar que cada mitad funcione durante un par de años con reglas opuestas y comparar resultados. Nadie lo ha intentado, y los argumentos en contra se agrupan en dos trincheras. La primera: el SMI lo pagan las empresas, y si la productividad no lo sostiene, el resultado es el cierre de negocios y el paro. La segunda: los países con SMI de 2.500 euros, como los del centro y norte de Europa, tienen una estructura productiva que nada tiene que ver con la española.
El espejo irlandés y la trampa del PIB
Uno de los argumentos recurrentes en contra de la subida a 2.500 euros es la productividad. Irlanda aparece como referente: su productividad oficial triplica la española, y es el país que muchos ponen como ejemplo de que un SMI alto solo funciona si la economía genera suficiente valor. Pero el caso irlandés tiene una trampa estadística bien conocida. Su PIB está inflado por la presencia de multinacionales que registran en la isla beneficios de operaciones de toda Europa. Por eso los organismos internacionales prefieren el INB modificado, una métrica que descuenta esa distorsión y ofrece una imagen más real de la economía doméstica.
El mapa del SMI en Europa
Según los datos que manejan los defensores de la subida, la práctica totalidad de Europa occidental tiene un salario mínimo de en torno a 2.500 euros al mes, con dos excepciones: Italia y Suecia, que no tienen SMI estatal. En Luxemburgo e Irlanda las cifras son aún mayores. Lo que se discute es si esas economías llegaron a ese punto por el SMI o a pesar de él. Los escépticos insisten en que Irlanda es un caso atípico por su productividad, y que en España un incremento brusco del mínimo destrozaría el empleo en sectores de bajo valor añadido.
¿Quién paga los 2.500 euros?
Otro frente del análisis es el coste laboral. Un salario mínimo de 2.500 euros brutos al mes supone un coste anual para el empleador muy por encima de los 30.000 euros, una cifra que muchos pequeños negocios no pueden asumir. Los partidarios de la subida responden con el precio de la vida: si en los países con ese SMI los bienes y servicios son más caros, el dinero no cae del cielo. La pregunta, entonces, es si el tejido productivo español genera el valor suficiente para sostenerlo. La réplica favorita de los escépticos es contundente: si es tan fácil pagar ese salario, nadie le impide a un defensor del SMI montar su propia empresa y hacerlo.
Un experimento con fecha de caducidad
La idea de dividir el país en dos es precisamente eso: un experimento. Y como todo experimento, tiene un problema ético: ¿quién decide qué mitad se lleva la versión dura? La historia reciente ofrece ejemplos de muros levantados para impedir que la gente escapara de la zona sin salario mínimo, como ya ocurrió en la Europa dividida. Quizá por eso la propuesta sigue siendo papel mojado. Al final, nadie se atreve a jugar con las vidas de millones de personas para ver qué pasa. Así que seguiremos discutiendo con datos, sin respuesta.