Noticia: Prostitutas contra Sánchez por las saunas: ¿hipocresía abolicionista?

El colectivo Stop Abolición, que agrupa a trabajadoras sexuales, denuncia la "hipocresía" de Pedro Sánchez por impulsar la abolición de la prostitución cuando su suegro, Sabiniano Gómez, fue dueño de saunas dedicadas a esta actividad. Las trabajadoras piden ser escuchadas antes de legislar y cifran en torno a 100.000 las mujeres que ejercen en España.

La disputa por la prostitución ha dejado de ser un debate abstracto sobre moral y se ha convertido en una pelea política con nombres y apellidos. En el centro de la diana está Pedro Sánchez. Un colectivo de trabajadoras sexuales, Stop Abolición, sostiene que el presidente del Gobierno impulsa la prohibición de una actividad de la que su entorno familiar se benefició durante años. La acusación no es nueva, pero ha vuelto a la primera línea después de que varias trabajadoras sexuales rescataran públicamente el pasado de Sabiniano Gómez, suegro del presidente, al frente de saunas dedicadas a esta actividad.

La ruta del PSOE y las saunas de la familia Gómez

Stop Abolición no se ha limitado a las declaraciones. En verano de 2025 el colectivo puso en marcha una campaña bautizada como la «ruta del PSOE», una propuesta de recorrido veraniego por los locales de alterne que, según su versión, fueron propiedad del padre de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. El colectivo denomina a estos establecimientos «saunas», un eufemismo habitual en el sector. La campaña se presentaba como un paseo por los clubes de la familia Gómez Serrano, con un mensaje cargado de ironía: los locales que, a su juicio, posibilitaron lanzar la candidatura del presidente.

La denuncia tiene un componente económico evidente. Las trabajadoras sexuales sostienen que existe un lucro indirecto en el entorno familiar del presidente y que ese beneficio choca con un discurso abolicionista que, a su entender, criminaliza a las mujeres que viven de este oficio. Cristina, que lleva doce años ejerciendo, asegura que Sánchez «se ha beneficiado con más de 15 locales del mundo de la prostitución». Es una afirmación del colectivo, no un dato confirmado por ninguna instancia oficial.

El episodio de Sabiniano Gómez se ha convertido en el principal argumento de Stop Abolición para retratar lo que consideran una impostura. Luna, sexóloga que colabora con trabajadoras sexuales, lo resume así: quien ha tenido el trabajo sexual cerca en su propia familia no puede desconocer que es una actividad diversa. La intervención de las trabajadoras en actos públicos ha sido recibida con aplausos entre quienes defienden la regulación.

Cien mil trabajadoras y la batalla por las cifras

El pulso no es solo político, también es estadístico. Stop Abolición cifra en torno a 100.000 las mujeres que ejercen la prostitución en España. De ellas, sostiene el colectivo, solo una parte son víctimas de trata: entre el 10% y el 15%. Esa horquilla choca de frente con los datos que maneja el Ministerio de Igualdad, que según Luna sitúa en el 80% o 90% las prostitutas en riesgo de ser tratadas.

La activista cuestiona abiertamente el origen de esas cifras oficiales. Señala que el Ministerio se apoya en un macroestudio con una metodología muy cuestionable y reclama transparencia sobre las fuentes. Frente a eso, aporta otros referentes: los datos de la ONU estiman que la trata en Europa es inferior al 15%, y las cifras oficiales de la Policía indican que las posibles víctimas detectadas en inspecciones administrativas sobre el total de prostitutas supondrían menos del 1%.

La diferencia no es menor. De ella depende el marco legal de toda una actividad. Si la mayoría son víctimas, la respuesta lógica es la persecución del proxenetismo y la protección de las mujeres. Si la mayoría son trabajadoras que ejercen por decisión propia, el camino pasa por regular el sector y dotarlo de derechos laborales. Las dos visiones conviven en el debate público sin que ninguna haya logrado imponerse.

Del Código Penal a los modelos de Holanda y Nueva Zelanda

La petición inmediata de Stop Abolición es concreta: sacar la prostitución del Código Penal. Cristina explica que ahora mismo hay varias cuestiones relacionadas con el trabajo sexual tipificadas como delito, como los anuncios o la tercería locativa. Esta última figura, prohibida por la ministra Ana Redondo, consiste en ceder o alquilar un inmueble, local o establecimiento con el propósito de lucrarse a través de la práctica de la prostitución ajena.

El colectivo también carga contra la ley del solo sí es sí, impulsada por Irene Montero, que incluyó una cláusula para prohibir las webs de prostitutas. Para Cristina, esa norma les cerró la posibilidad de anunciarse en páginas adecuadas y de disponer de lugares de trabajo seguros. Su crítica es directa: quienes ocupan Igualdad, dice, no son feministas sino abolicionistas, y lo último que han conseguido es perjudicar a las mujeres a las que dicen ayudar.

El modelo que defienden está fuera de España. Stop Abolición mira hacia Holanda y Nueva Zelanda, donde se reconoce el trabajo sexual como actividad legal y se persigue la explotación de forma separada. Es un horizonte que consideran alcanzable, aunque admiten que el camino es largo y que no se puede legalizar el sector de la noche a la mañana. Su reivindicación más básica, mientras tanto, es ser escuchadas.

Autónomas que pagan IVA sin que se reconozca su trabajo

Hay un detalle administrativo que resume bien la paradoja que denuncian. Cristina está dada de alta en el régimen de autónomos. Paga su IVA como cualquier trabajadora por cuenta propia. Sin embargo, su actividad no recibe reconocimiento laboral alguno. Para Hacienda es una ciudadana válida; para el marco legal que regula su oficio, no existe como trabajadora.

Esa contradicción es la base de su malestar. Cristina rechaza el relato que las presenta como mujeres vulnerables o sin recursos a las que hay que rescatar. «No somos mujeres vulnerables, no somos mujeres sin recursos, y no nos tienen que ayudar a salir de aquí», reivindica. Y añade una distinción que considera fundamental: no son mujeres prostituidas, son mujeres prostitutas. El lenguaje, en este debate, también legisla.

Luna insiste en la misma idea desde otro ángulo. Reconoce que el colectivo está estigmatizado y oculto, y que durante décadas se ha hablado de él sin escucharlo. Ella misma admite que cuando empezó tenía prejuicios que se fueron rompiendo con los años. Por eso pide a los partidos políticos que no legislen sobre la base de lo que creen saber, sino de lo que las trabajadoras cuentan.

El mensaje final de Stop Abolición va dirigido a todas las formaciones. Piden que se escuchen las peticiones de las trabajadoras sexuales sobre cómo debe regularizarse una profesión que experimentan a diario, que no haya hipocresía política y que no pesen más los votos o los intereses electorales que la realidad y el bienestar de miles de personas en España. La pelota está en el tejado de quienes legislan. Y el debate, lejos de cerrarse, se ha convertido en un asunto con cifras, nombres y consecuencias económicas para un colectivo que reclama su lugar en la ley.