La ley de nietos no llegará al censo y el Supremo lo suspende
El Tribunal Supremo ha paralizado todas las incorporaciones al censo electoral de los ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad española mediante la ley de nietos. La Sala de lo Contencioso-Administrativo estima la medida cautelar solicitada por Vox y Iustitia Europa, lo que deja en suspenso la inscripción de estos nuevos nacionalizados de cara a futuros procesos electorales. La decisión, adoptada el 8 de septiembre de 2026, responde a un acuerdo de la Junta Electoral Central del 16 de julio que fue recurrido por ambas entidades.
Qué ha decidido el Supremo
El auto del alto tribunal distingue dos supuestos: a quien todavía no figura en el censo de residentes ausentes se le permite terminar el trámite, pero la inscripción queda en suspenso al acabarlo; y a quien ya figura se le suspenden los efectos electorales de esa inscripción para los procesos que se convoquen. Es decir, todos los afectados quedan cubiertos. No obstante, conviene precisar: no se ha paralizado la Ley de Memoria Democrática, que sigue vigente, ni se revoca ninguna nacionalidad concedida. Lo recurrido es un acuerdo de la Junta Electoral Central, no la ley en sí.
El origen de la medida: Vox e Iustitia Europa
La impugnación fue presentada por Vox y la asociación Iustitia Europa, una entidad que algunos analistas consideran un «submarino» contra la formación de Santiago Abascal. Ambos presentaron solicitudes de medidas cautelares separadas, pero el Supremo adoptó la misma medida en los dos autos. La clave del recurso es que la ley de nietos, impulsada en 2022 por el Ministerio de Memoria Democrática de Ángel Víctor Torres, permitiría que personas que nunca han vivido en España se inscribieran en el censo electoral y votaran en elecciones españolas.
El debate sobre el voto desde el extranjero
Un dato que circula: el 90% o más de los nuevos nacionalizados nunca ha estado en España. Además, la participación en el voto exterior históricamente ronda el 10%, por lo que resulta improbable que los 2.500.000 nuevos españoles que el presidente Sánchez anunció lleguen a votar de forma masiva. Hay quien sostiene que el objetivo real del censo inflado es beneficiar al PSOE en las circunscripciones pequeñas, donde sacar un escaño cuesta menos votos. En 1977, la UCD obtuvo 169 escaños con algo más de 6 millones de votos; en 2023, el PP logró 137 diputados con 8 millones. La diferencia se explica, en parte, por la sobrerrepresentación de las provincias poco pobladas, que son las que se habrían visto más afectadas por un incremento del censo exterior.
La crítica al PP y el futuro del recurso
La decisión del Supremo ha sido recibida con satisfacción entre quienes ven en ella un freno a un presunto «pucherazo». Sin embargo, no faltan voces que recuerdan que el PP también apoyó en su momento la ley de nietos, y que Feijóo siempre defendió las nacionalizaciones regaladas. Además, el Gobierno no se dará por vencido: el Tribunal Constitucional podría intervenir y, gracias a la composición actual, tiene mayoría progresista.
El conflicto no ha terminado. El Supremo ha dado un paso adelante, pero la batalla judicial se antoja larga. Si el Constitucional acaba entrando en el fondo, la suspensión podría revertirse. Por ahora, el censo electoral queda en un limbo que incomoda al Ejecutivo y tranquiliza a parte de la oposición.
