Puchero: Aparecen 3000 nietos censados en Salamanca que no nacieron ni vivieron nunca allí

3.000 inscritos sin arraigo en Salamanca: el escaño que pende del censo​

Tres Cantos no existía en 1955. En 1970 era poco más que un descampado al norte de Madrid. Torremolinos y Salou tampoco figuraban como municipios en el padrón de los años cincuenta. Y aun así, según los datos que manejan quienes siguen las inscripciones del censo exterior, figuran entre los ayuntamientos que más altas reciben de descendientes que jamás han residido en ellos. El foco está ahora en Salamanca: 3.000 personas censadas en la provincia que, según La Gaceta de Salamanca, no nacieron ni vivieron nunca allí.

Qué significa estar censado en Salamanca sin vivir allí​

Quien reside fuera de España no se empadrona en un municipio. Se inscribe en el registro de matrícula de su consulado, que remite cada mes las altas al INE a través de Exteriores. Con esas altas se forma el PERE, el padrón de españoles residentes en el extranjero. De sus mayores de edad sale el CERA, el censo con el que se vota. La adscripción a un municipio concreto la fija la Orden EHA/642/2011: si nunca han residido en España, quedan asignados al que fue el de sus antepasados. El ayuntamiento no aprueba ni rechaza nada; se entera después.

Por qué Salamanca y el escaño que cuesta menos votos​

Salamanca reparte un puñado de escaños y el último se ha decidido por márgenes mínimos: en las últimas generales, por menos de 1.000 votos. Con 3.000 inscritos de golpe, la aritmética cambia de golpe. La sospecha que recorre estos datos apunta a que el destino no sería casual, sino que se elegirían provincias donde el diputado cuesta menos votos. Conviene separar dos cosas: que el trámite sea legal —lo es, según la norma vigente— y que su volumen altere un reparto ajustado. Lo segundo es lo que está sobre la mesa.

¿Hay que demostrar arraigo para votar?​

La ley no exige haber nacido ni residido en el municipio, solo ser descendiente. Hay quien subraya que eso no es ninguna ilegalidad y que se está atacando un derecho reconocido. Otros responden que no se pide prueba de arraigo ni, en muchos casos, de que el abuelo fuera represaliado, y que ese punto es precisamente lo que el Tribunal Supremo habría puesto en cuestión. El consenso, aquí, no existe.

Quién firmó la norma y por qué nadie la reclama​

El origen normativo se atribuye al gobierno del PP, que la aprobó en 2011. Vox lleva peleando contra ella desde 2023, con recurso y declaraciones. En medio, un reparto cómodo de culpas: cada parte señala a la anterior. El resultado es una norma que nadie reivindica y que sigue generando altas.

Para que las cifras de solicitudes encajen con los exiliados documentados, cada uno de ellos debería haber tenido unos 200 hijos. Ni el censo más generoso aguanta esa aritmética.