Pues creo que cambiaré mi voto de VOX al PP (edito: no, a Alvise), porque se les está yendo la pinza con la antiinmigración

Del voto a Vox al PP y de vuelta a Alvise: el giro antiinmigración​

El planteamiento inicial es una pirueta que muchos votantes de derecha reconocen: quien suscribe el mensaje que abre esta discusión asegura haber sido de los primeros en advertir contra la inmigración masiva y ahora se presenta como uno de los primeros en advertir contra los «antiinmigración». Su tesis es que Vox ha cruzado una línea con propuestas como expulsar a migrantes legales que «no se integren», un paso que, sostiene, sería el preludio de un carnet de buen ciudadano. La consecuencia práctica, escribe, es que su voto cambia de destino: primero del PP a Vox, después a Alvise por descarte, porque no quiere tirar el voto con Sánchez en La Moncloa.

Qué propone Vox y qué le critican​

El detonante del giro es la deriva del partido en el Senado, donde según este análisis se empuja a quitar la regularización por arraigo, la vía por la que buena parte de los migrantes ya asentados consolidaron su situación. A eso se suma el discurso de cargos del partido sobre expulsiones masivas de personas con residencia legal, algo que, según el planteamiento, ni sus homólogos europeos se atreven a formular en esos términos. El diagnóstico del autor es económico antes que moral: esas salidas forzosas generarían daño, tensión y polarización, y a la postre devolverían alas a la izquierda.

La alternativa que defiende es más prosaica: cortar las paguitas, retirar subvenciones a ONG desde el Estado, combatir la contratación de sin papeles y no admitir menas. Con eso, argumenta, en la próxima crisis muchos migrantes se marcharían por su propio pie, incluso con la ventaja de poder culpar a la izquierda del desastre. La crítica no es a la dureza, sino al escaparate: mucho gesto y poca palanca real.

La contraoferta más dura: expulsiones, cotizaciones y edad​

Frente a esa contención aparece una batería de medidas mucho más agresiva. Se plantea expulsar a los irregulares, a los legales que cometan un delito aunque sea menor, a quienes no tengan trabajo ni prestación y soliciten ayudas, imponer quince años de cotizaciones para acceder a la ciudadanía, prohibir la entrada a mayores de 35 años salvo perfiles muy especializados con salarios altos y revisar las nacionalizaciones de los últimos veinte años. Quien las formula estima que con eso se echaría al 70% de la «purria», término que el artículo no reproduce.

La respuesta del autor del mensaje inicial es un correctivo punto por punto. Acepta las expulsiones de delincuentes, rechaza la expulsión automática por falta de empleo —hay que dar tiempo a buscar trabajo o a vivir mantenido por alguien— y tacha de discriminación arbitraria el corte por edad. Sobre los quince años de cotización pregunta directamente qué se entiende por ciudadanía. El desacuerdo no es de intensidad, es de diseño.

El cálculo que nadie quiere poner por escrito​

En el tramo económico del asunto aparece una cifra que conviene mirar dos veces: se afirma que España ha destinado más de 7.000 millones de euros a Egipto para que retenga a los refugiados que no lleguen a Europa, y que buena parte de ese dinero sale de fondos comunitarios, es decir, de contribuyentes europeos. La lectura que se hace del modelo italiano es que consiste en trasladar el problema al vecino, no en resolverlo. El desglose completo de esa partida, con quién paga y quién cobra, es lo que da la medida real del negocio.

A ese flanco se suma el argumento de que ningún gobierno va a ejecutar expulsiones masivas porque la economía sumergida y determinados sectores se benefician de la mano de obra irregular. Es la tesis más incómoda del conjunto: la retórica dura serviría para captar votos, no para cambiar nada. Si eso es cierto, el votante que exige firmeza está comprando un producto que nunca se entrega.

Por qué el voto útil se ha vuelto un laberinto​

El hilo deja una paradoja difícil de cerrar. El autor quiere echar a Sánchez, no quiere votar a Vox por su deriva, no ve a Alvise con capacidad de ganar y descarta la abstención. Cada opción tiene un coste: votar a Vox legitima un discurso que considera dañino, votar al PP puede ser insuficiente, votar a Alvise puede ser tirar el voto. Y en medio, la sospecha de que el partido que prometía mano dura se ha convertido en otra cosa.

La discusión se queda exactamente ahí, sin resolver. No hay dato que cierre el dilema porque el dilema no es aritmético, es de confianza. Y la confianza, en política, no se mide con encuestas.