El censo del referéndum que plantea el soberanismo excluye a los no nacidos
¿Quién tendría derecho a votar si algún día se celebra un referéndum de independencia en
Cataluña? La respuesta que circula en el entorno del Consell de la República es tan simple como discutible: solo los nacidos en el territorio. La propuesta la desgranó este mes de febrero Jordi Castellà en una conferencia celebrada en Igualada, donde repitió varias veces que «solo tendrán derecho a voto los autóctonos, los naturales, los nacidos en este territorio». El criterio, presentado por Castellà como derecho internacional, dejaría fuera a cualquier residente que no haya nacido allí, incluidos los llegados en las décadas del desarrollismo.
La idea no es nueva en el imaginario soberanista, pero en la conferencia se formuló con nombres y apellidos: ni un futbolista nacido en Polonia ni otro nacido en Brasil tendrían derecho a voto, y tampoco los españoles nacidos en España, según Castellà. El dirigente del Consell de la República lo justificó con una pregunta retórica: «¿Verdad que no tiene sentido que un señor de otra nacionalidad vote sobre el futuro de Cataluña?». Ante la estupefacción del público, matizó después que, en un referéndum pactado con el Estado, habría que negociar el censo bilateralmente.
Un censo que excluye a casi la mitad de la población
El problema aritmético es evidente. En Cataluña, cerca del 50% de la población no ha nacido en el territorio, según un cálculo que circula en el propio debate. Aplicar el criterio de nacimiento como filtro electoral dejaría fuera a millones de personas que llevan décadas residiendo, trabajando y pagando impuestos en Cataluña. Los llegados en los años cincuenta, sesenta y setenta, y sus descendientes, quedarían excluidos de decidir sobre el futuro del lugar donde viven.
La paradoja se agrava cuando se examina el perfil de los excluidos. Buena parte de ellos son los que, según varios análisis, sostuvieron el crecimiento económico catalán durante el desarrollismo. Y no es solo una cuestión de origen: el criterio también dejaría fuera a catalanes por los cuatro costados que, por circunstancias laborales o familiares, nacieron en Madrid, Badajoz o Sevilla. El derecho de sangre, invocado por algunos como principio superior, no se aplica aquí: se aplica el derecho de suelo, pero solo para los nacidos dentro de la comunidad autónoma.
El derecho internacional como argumento circular
El argumento de Castellà se apoya en el derecho internacional, que supuestamente reconoce el derecho de autodeterminación de los pueblos y limita el censo a los nacionales del territorio. El problema lógico es que Cataluña no es un Estado reconocido, por lo que no tiene nacionales en el sentido jurídico internacional. Aplicar ese derecho antes de que exista la nación jurídica que lo invoca es, cuando menos, un ejercicio de circularidad.
La comparación con otros casos no ayuda. El Sáhara Occidental, citado como precedente, tiene un censo definido por la ONU tras décadas de negociación, no por una conferencia en Igualada. Y en el caso catalán, la propia definición de quién es catalán está en disputa: ¿nacido en Cataluña? ¿hijo de catalanes? ¿residente con veinte años de arraigo? Cada respuesta cambia el resultado del referéndum.
Un referéndum que solo quiere ganar quien lo convoca
La propuesta ha sido interpretada por buena parte del análisis como una forma de asegurar el resultado antes de celebrar la consulta. Si solo votan los nacidos en Cataluña, y se asume que los no nacidos son más proclives a votar no, el censo se convierte en la primera garantía de victoria. La pregunta que queda en el aire es qué pasa con los que llevan veinte o treinta años en Cataluña: el propio Castellà admitió que eso sería «una discusión bilateral entre Cataluña y España».
El plan B, el referéndum pactado, obligaría a negociar el censo con el Estado. Y ahí la propuesta pierde su ventaja: cualquier negociación con Madrid incluiría probablemente a todos los residentes, no solo a los nacidos. El criterio de nacimiento funciona como posición de partida, no como resultado final. Mientras tanto, la estrategia de internacionalización sigue su curso, con la vista puesta en una Asamblea General de la ONU que, según el relato, podría votar un texto reconociendo el derecho de autodeterminación.
La respuesta del soberanismo en redes
La reacción del propio Castellà en redes sociales fue inmediata: «A Madrid ja estan nerviosets... I han començat les pressions, invencions i manipulacions de la premsa més ULTRA perquè no Activem la Via Nacions Unides, com Guinea Equatorial va fer en el seu dia per arribar a la #independència». El mensaje, difundido en su cuenta, insiste en la vía internacional y compara el caso catalán con el de Guinea Ecuatorial, que alcanzó la independencia en su día.
La comparación no es inocente. Guinea Ecuatorial era una colonia española, no una comunidad autónoma. Y su proceso de independencia se produjo en un contexto de descolonización, no de secesión unilateral dentro de un Estado democrático. El paralelismo, sin embargo, sirve para justificar la vía de la ONU y para presentar cualquier crítica como parte de una campaña de presión mediática.
Lo que queda por decidir
El debate sobre el censo es, en realidad, un debate sobre la legitimidad del propio referéndum. Si el censo se limita a los nacidos en Cataluña, el resultado estará predeterminado. Si se amplía a todos los residentes, la victoria independentista deja de estar garantizada. La propuesta de Castellà no resuelve el problema: lo traslada a una negociación futura con el Estado, donde el criterio de nacimiento tendrá que competir con otros principios.
Mientras tanto, la estrategia sigue adelante. La conferencia de Igualada, el mensaje en redes y la referencia a la ONU forman parte de un mismo relato: el de una Cataluña que se prepara para decidir su futuro, pero que antes decide quién tiene derecho a decidir. La pregunta que nadie responde es si ese filtro es compatible con la democracia que dicen defender.