Ocho de cada diez nuevos parados de julio son extranjeros
Ocho de cada diez nuevos parados de julio son extranjeros. Solo un 32% cotizaba a la Seguridad Social. El dato ha reabierto la pregunta incómoda: ¿está la inmigración agravando el déficit público o es el síntoma de un modelo productivo que ya no puede sostener el sistema?
En un país con una tasa de paro estructural entre las más altas de Europa, la llegada de mano de obra extranjera se ve desde dos trincheras. Hay quien sostiene que la integración laboral es tan precaria que la mayoría ni siquiera genera derechos contributivos; en el extremo opuesto, se argumenta que la culpa no es del inmigrante, sino de un mercado que solo ofrece empleos de salarios bajos y escasa formación.
Un perfil fiscal que no cuadra
El dato del 32% de cotizantes es el corazón de la polémica. Se ha difundido además un perfil demoledor: según una de las corrientes, el 90% de esos cotizantes carece del graduado escolar, lo que les condena a ocupaciones de baja productividad. De ahí a la conclusión de que aportan migajas a las arcas públicas, hay un paso que muchos dan sin pestañear. Otros matizan: no es su culpa, es el tipo de empleo que se les ofrece.
Los empresarios, el estado y la deuda
Otra corriente apunta directamente a los empresarios: contratar a un trabajador con contratos de baja horas sigue siendo rentable a corto plazo, aunque el conjunto del sistema salga perdiendo. Y un tercer frente señala al estado: el sistema funciona con deuda y solo se mantendrá mientras esta se pueda sostener. Quitar a los extranjeros no arreglaría el problema de fondo; lo haría visible.
La pregunta final no tiene respuesta en los datos disponibles: si mañana no hubiera inmigrantes, ¿se hundirían las pensiones o el ajuste recaería sobre una generación que contribuyó a destruir el modelo productivo? El estado de la controversia sugiere que nadie quiere asumir esa factura.