La energía nuclear no se va: los datos que encienden la pelea
España necesita electricidad y la red dice basta. Nueve de cada diez peticiones de conexión para vivienda, industria o centros de datos acaban rechazadas; mientras, el país se plantea apagar o alargar la vida de sus centrales nucleares. La contradicción tiene precio, y es alto. Las posturas en torno al átomo llevan décadas atrincheradas, pero los números que circulan en el análisis económico dibujan un escenario más incómodo que cualquier eslogan.
El colapso silencioso de la red eléctrica
La red eléctrica española está al límite. Las peticiones de acceso para nuevos desarrollos industriales, viviendas o centros de datos se topan con un muro: nueve de cada diez son rechazadas. La industria no tiene dónde conectarse y los proyectos de generación renovable, con su producción intermitente, no resuelven por sí solos la estabilidad del sistema cuando no hay sol o viento. La nuclear, en cambio, aporta energía síncrona, la que mantiene la frecuencia de la red estable, y por eso su desaparición no es un asunto meramente ideológico.
Aquí aparece la primera paradoja. Quienes piden cerrar las centrales existentes se enfrentan a un calendario físico: la vida de las plantas se alarga mientras no aparezcan fisuras en la vasija del reactor. Y en el caso de Almaraz, la extensión hasta 2030 se ha convertido en una decisión política con olor a riesgo.
Residuos: dos piscinas olímpicas y un problema de décadas
La crítica más poderosa contra la nuclear es la herencia radiactiva. Francia acumula dos millones de metros cúbicos de residuos radiactivos, una cifra que asusta hasta que se desglosa. Los materiales de alta actividad, los que obligan a un aislamiento milenario, representan un 0,2% del total: menos de 4.000 metros cúbicos tras más de 50 años de explotación, un volumen inferior a dos piscinas olímpicas. El resto son herramientas, ropas y escombros con una radiactividad tan baja que se almacenan en superficie.
El problema es que el 0,2% exige soluciones para 100.000 años. Mientras Francia entierra su plan en un almacén subterráneo de 80.000 metros cúbicos, Finlandia ya opera Onkalo, a 450 metros de profundidad en granito, sin incidentes. La gestión de residuos es, sobre todo, un problema de decisión política y de coste intergeneracional. El argumento del «no en mi mandato» pesa más que la física.
Lo que cuesta un reactor nuevo: 10.000 millones y una década
Construir una central nuclear de un gigavatio cuesta alrededor de 10.000 millones de euros y diez años de obra, como poco. Es un capital que ningún inversor privado quiere inmovilizar sin garantías públicas, y por eso no ha habido una sola central construida por una empresa privada sin coacción estatal. Las renovables, mientras tanto, se abaratan y se despliegan rápido, aunque arrastran el talón de Aquiles del almacenamiento: sin baterías a escala, cuando no sopla el viento o es de noche, el encaje no cuadra.
Con esos números sobre la mesa, la conclusión economicista suena casi cínica: en España no se construirán más nucleares, no por ecologismo sino porque no son rentables sin el Estado de por medio. Lo que sí se hará es estirar la vida útil de las plantas existentes, que generan electricidad barata y estabilizadora, hasta que el reactor diga basta. En el horizonte asoman los reactores modulares pequeños y los diseños de torio, aún experimentales, más cerca del laboratorio que del balance de explotación.
El ruido de fondo: Gazprom, Greenpeace y la batalla cultural
En el otro extremo del tablero está quien sostiene que el rechazo a la nuclear no es económico sino inducido. La retirada alemana del átomo habría sido financiada por Gazprom, según esta tesis, para atar a Europa al gas ruso. Greenpeace aparece en el mismo párrafo, aunque sin que nadie haya presentado facturas que lo demuestren. Como curiosidad, hay quien resume toda la confrontación con una boutade que circula desde hace años: «El átomo es fascista».
La próxima crisis de demanda
Lo previsible es que España alargue la vida de Almaraz y la de las otras centrales existentes, y que ningún gobierno se atreva a enterrar la factura de un reactor nuevo. La pregunta que no se resuelve es cuánto costará esa indecisión en la próxima crisis de demanda, cuando la industria lleve meses esperando un enchufe que no llega. La nuclear no es la panacea; tampoco es el demonio que pintan. Es, simplemente, un problema de ingeniería y de valor político que este país no termina de querer resolver.