Recopilacion del gobierno Sánchez: casos, escándalos y polémicas.

La legislatura de Pedro Sánchez acumula condenas firmes como la de José Luis Ábalos y Koldo García por los contratos de mascarillas, dos estados de alarma parcialmente anulados por el Tribunal Constitucional y una investigación abierta sobre el rescate de Air Europa. Ninguna de las causas en curso equivale a una condena.

La legislatura que arrancó en 2018 ha acumulado expedientes judiciales, resoluciones del Tribunal Constitucional y polémicas de gestión que conviene ordenar con fechas y cifras. No todo lo que se investiga termina en condena, y no todo lo condenado es definitivo.

El caso de las mascarillas y la trama de contratos

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sitúa entre 2018 y 2019 el inicio de una presunta operativa de comisiones vinculada a adjudicaciones de obra pública. En esa línea aparece el nombre de Santos Cerdán, que continúa investigado y no está condenado.

El salto a la opinión pública llegó con los contratos de mascarillas durante la pandemia. La causa derivó en condena: en 2026 el Tribunal Supremo condenó a José Luis Ábalos, a Koldo García y a Víctor de Aldama por contratos de mascarillas, comisiones y otras contrataciones irregulares.

A eso se suma la gestión sanitaria de la emergencia. Hubo test defectuosos que tuvieron que sustituirse y el Tribunal de Cuentas detectó posteriormente deficiencias en diversos contratos de emergencia. Es un reproche contable, no una condena penal.

Dos estados de alarma anulados en parte

El Tribunal Constitucional anuló parte de las medidas del primer estado de alarma al considerar que determinadas restricciones excedían lo permitido bajo esa figura. La resolución no tumbó la herramienta entera, sino los aspectos que excedían el marco constitucional.

Con el segundo estado de alarma ocurrió algo parecido. El Constitucional anuló aspectos del mismo, entre ellos la forma en que se estableció la prórroga de seis meses y parte de la delegación de competencias.

En paralelo, el Tribunal Supremo anuló el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. Una decisión administrativa que los tribunales corrigieron.

Rescates públicos bajo lupa judicial

El Gobierno concedió 475 millones de euros a Air Europa. En 2026 se abrió una investigación judicial sobre la tramitación del rescate y una posible prevaricación. No existe condena.

El rescate de Plus Ultra, de 53 millones de euros, también acabó en los juzgados. En 2026 la investigación alcanzó al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias relacionado con el rescate. Tampoco hay condena.

El caso de Tubos Reunidos suma otro frente: un rescate de 112,8 millones de euros a través de la SEPI. Dentro del caso Leire se investiga si existieron intermediaciones irregulares y posibles comisiones relacionadas con la operación.

Ceuta, indultos y La Palma

Tras la entrada de unas 12.000 personas en Ceuta, el Supremo declaró ilegales las devoluciones de menores realizadas posteriormente. En 2025 la exdelegada del Gobierno en Ceuta y la exvicepresidenta de la ciudad fueron condenadas a 9 años de inhabilitación por prevaricación. La sentencia era recurrible.

En materia territorial, el Gobierno pasó de exigir en 2019 el «íntegro cumplimiento» de la sentencia del procés a conceder en junio de 2021 indultos parciales a los nueve condenados que continuaban en prisión, eliminando sus penas de cárcel pero manteniendo las de inhabilitación.

La gestión de la erupción de La Palma sigue abierta cinco años después. En septiembre de 2026 seguían ocupadas 60 viviendas modulares o de madera instaladas como solución de emergencia y cerca de 40 familias continuaban residiendo en viviendas contenedor.