107 millones para la cuántica vasca: soberanía o venture capital
Ciento siete millones de euros públicos para una empresa vasca de computación cuántica e inteligencia artificial. La cifra está sobre la mesa, el destinatario tiene nombre —Multiverse Computing, con sede en San Sebastián— y el objetivo oficial es reforzar la soberanía tecnológica del país. El problema no es la cuantía. Es cómo se entrega el dinero y quién se queda con la revalorización si el invento funciona.
La operación se canaliza vía SETT, el vehículo público que aparece como financiador parcial de la compañía. De la tecnología se citan miles de dispositivos, clientes y ahorros en inferencia. Métricas auditables, ninguna. Hay quien lo resume en dos palabras: «huele raro».
Qué se sabe de los 107 millones y de la SETT
El desembolso supera los cien millones y los cálculos que se manejan lo sitúan en 107, con la SETT como canal y presencia institucional del Gobierno en su consejo. Lo que vende la compañía es un híbrido de computación cuántica y modelos de lenguaje. No son la misma disciplina, no comparten hoja de ruta y no se financian con la misma lógica. Ese cóctel es el primer foco de alarma técnica.
El currículum del consejero delegado y los beneficiarios indirectos
El primer ejecutivo es matemático por la Universidad de Barcelona, ingeniero informático por la UNED, doctor por la misma universidad, con máster por la Universidad de Navarra y MBA por el IESE. Antes fue consejero delegado adjunto de Unnim Bank, con más de veinte años en banca y finanzas. La lectura incómoda: pesa más el oficio financiero que el de laboratorio.
La sospecha más repetida no apunta al accionariado, sino a los aledaños: proveedores y bancos a los que se refinancia deuda que ahora se pagaría con fondos públicos, como en Plus Ultra, donde el negocio estaba en los márgenes.
Subvención sin hitos o inversión con equity y penalización
Meter dinero público en tecnología profunda no es absurdo por definición. Lo discutible es el formato: subvención sin hitos verificables, sin control técnico externo, sin permanencia obligatoria y sin retorno para el contribuyente. Si el Estado arriesga 107 millones, el manual mínimo pide entrar como inversor duro: participación clara, propiedad intelectual anclada, penalización si la compañía se deslocaliza y auditoría de proveedores vinculados.
Y el argumento de siempre: si el negocio fuera tan bueno, habría cola de capital privado. Cien millones públicos y novecientos privados sonaría creíble; esto, de momento, no.
El 95% de las empresas que invierten en IA no logra nada
El contexto tampoco acompaña. El mercado destina más de 500.000 millones de dólares anuales a infraestructura de inteligencia artificial y centros de datos, y el 95% de las compañías que invierten no obtiene resultados tangibles o escalables. En Europa el modelo dominante es pedir subvención tras subvención prometiendo resultados para la siguiente convocatoria.
Tampoco conviene reírse del país. Aquí se fabricaron máquinas con etiqueta propia —Marconi, Azcoyten, Standard Eléctrica, Payma, Invicta, Danobat, Goratu, Maher, Zayer— y el mayor éxito del software nacional sigue siendo el PC Fútbol y el Panda Antivirus. El jersey de cuello vuelto negro imitando a Steve Jobs dejó de ser buena idea desde el caso Theranos.
Con este diseño, la predicción razonable es que el dinero salga, que la compañía anuncie hitos de calendario y que, si el producto funciona, la sede acabe donde los incentivos sean mejores. Puede que no ocurra. El margen del 3-5% que se maneja como estándar en obra pública y subvenciones no invita, precisamente, a apostar por el milagro.