Salta la sorpresa Las Gaunas: EL TS ADMITE A TRÁMITE EL RECURSO PLANTEADO POR LA JUNTA DE C-L CONTRA EL REAL DECRETO DE REGULACIÓN DE INMI

El Supremo admite a trámite el recurso de Castilla y León contra el decreto de regularización masiva​

El Tribunal Supremo ha dado el primer paso para frenar el Real Decreto de regularización de inmigrantes. A 4 de julio de 2026, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha admitido a trámite el recurso planteado por la Junta de Castilla y León. El recurso cuestiona, entre otros puntos, la “dimensión sin precedentes” del proceso –que ha superado el millón de solicitudes–, la flexibilización de los requisitos de acreditación (incluido el de antecedentes penales) y la falta de participación autonómica. También señala una posible incompatibilidad con el marco de control de fronteras de la Unión Europea.

La cifra que lo cambia todo: más de un millón de solicitudes​

El proceso de regularización estuvo abierto desde abril hasta el 30 de junio de 2026. Según los datos disponibles, se han presentado más de un millón de solicitudes. Una cifra que, para los críticos del decreto, confirma el temido “efecto llamada”. El Gobierno lo niega, pero la magnitud ha obligado a la Junta a actuar. El recurso subraya que el proceso rompe con “los criterios históricos de regularización” y reduce las garantías documentales de forma extraordinaria.

4.700 euros al mes: el coste por inmigrante regularizado​

Uno de los argumentos que más peso ha ganado en el debate es el coste económico. Según datos difundidos por VOX, cada inmigrante en proceso de regularización puede llegar a costar 4.700 euros mensuales (alojamiento, ropa, teléfono móvil y demás necesidades básicas). La cifra ha sido contestada, pero refleja la preocupación por el impacto en las arcas públicas. El Supremo, al admitir el recurso, deberá valorar también este aspecto presupuestario.

La jugada del Supremo: cuestión prejudicial ante el TJUE​

La admisión a trámite no es el único movimiento judicial. Según fuentes del debate, el Tribunal Supremo ha elevado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es una maniobra que el Gobierno no esperaba, según algunos analistas. Se argumenta que el decreto vulnera la legislación comunitaria en materia de control migratorio y podría generar un “efecto llamada masivo”. El TJUE tendrá la última palabra sobre la compatibilidad del Real Decreto con el derecho europeo.

Identidades falsas y fraudes documentales: el talón de Aquiles​

La flexibilización de los requisitos de acreditación –especialmente en los antecedentes penales– ha disparado las alertas. Un caso llamativo: una persona fue detectada con 62 identidades distintas. Este tipo de fraudes, según los críticos, es solo la punta del iceberg. La Junta sostiene que la falta de documentación original permite que los solicitantes “sean como si acabasen de nacer” a efectos administrativos. El Supremo tendrá que pronunciarse sobre las garantías del proceso.

El recurso sigue su curso. Mientras tanto, el proceso de regularización está cerrado, pero la batalla judicial –con el TJUE como juez de fondo– apenas comienza. Ni el Gobierno ni la Junta cantan victoria. El Supremo ha abierto la vía, pero la sentencia definitiva puede tardar meses.