San Francisco (Bilbao): el barrio que lucha por no ser una 'zona a evitar'
La imagen es de manual: una furgoneta blanca aparcada en zona amarilla, a plena luz del día, descargando langostinos que se venden al peso sin control sanitario. Los vecinos fotografían la escena y la remiten a la policía, pero el comercio ilegal continúa. En San Francisco, el barrio bilbaíno que El Correo retrata el 22 de marzo de 2026, la ilegalidad campante no es un accidente: es el resultado de décadas de dejación institucional y de una ecuación política que prefiere mantener la inacción a tener que enfrentar las consecuencias.
900 agentes para toda Bilbao
La comparación es reveladora. Bilbao dispone de 900 policías municipales. La vecina localidad de Barakaldo (la charaina) cuenta con más de 6.000. La diferencia no es un capricho: refleja prioridades. Mientras en San Francisco la venta ambulante ilegal, el trapicheo y la sensación de inseguridad se han cronificado, las fuerzas de seguridad actúan con moderación. No es falta de recursos, argumentan los críticos: es una decisión política que evita una actuación contundente para no ser acusada de racismo o brutalidad. El resultado es un barrio que muchos evitan, donde hasta los niños han dejado de jugar en la calle.
El negocio del descontrol
El análisis de la situación va más allá de lo policial. La proliferación de ONG y subvenciones ha creado un ecosistema que se alimenta del caos. Desmantelar el chiringuito de la economía sumergida y la delincuencia menor acabaría con un sector que da trabajo a cuadros políticos y justifica presupuestos. La gentrificación prometida para barrios como San Francisco, Lavapiés o el Raval nunca llega porque no interesa mantener el orden. Mientras, los vecinos que resisten ven cómo su barrio se degrada sin que las promesas de regeneración –como el AVE, que lleva treinta años anunciándose– se cumplan.
¿Quién tiene la culpa?
Hay dos corrientes de análisis. Una apunta a la corrección política y al miedo a mancharse con medidas impopulares: la policía no actúa porque las órdenes son no intervenir, y cualquier arresto masivo se convertiría en un escándalo mediático. La otra, más escéptica, recuerda que el deterioro viene de lejos –al menos desde los años noventa– y que los gobiernos municipales y autonómicos han sido cómplices por acción u omisión. El votante, señalan algunos, ha obtenido lo que ha elegido.
El dato objetivo: si Bilbao quiere que San Francisco deje de ser una zona a evitar, necesitará algo más que buenas intenciones. O aumenta la presencia policial y actúa contra la economía ilegal, o acepta que el barrio seguirá siendo un agujero negro en el mapa de la ciudad. La pregunta que nadie responde es si realmente quieren solucionarlo.
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