La banca prepara una Sareb de pymes ante la avalancha de impagos
A finales de 2022, la gran banca española estudiaba la creación de un banco malo para pequeñas y medianas empresas, una suerte de Sareb corporativa, ante el temor de una avalancha de impagos en 2023. Los créditos ICO avalados por el Estado, que suman más de 140.000 millones concedidos a cerca de 675.000 empresas y autónomos, empezaban a mostrar signos de deterioro. El Gobierno ya asumía pérdidas de 4.300 millones por los avales y el déficit comercial se había cuadruplicado por los precios de la energía.
El volumen de los avales ICO y su impacto fiscal
Los créditos ICO avalados por el Estado alcanzaron los 140.000 millones de euros, de los cuales 106.000 contaban con garantía pública. A cierre de 2024, los impagos declarados sumaban 2.100 millones, mientras que el Banco de España vigilaba otros 8.200 millones como de dudoso cobro. La mitad de los créditos dudosos de la banca tenían garantía del ICO, lo que llevó al Estado a asumir pérdidas crecientes. En enero de 2023, el The Objective ya situaba los impagos en 6.000 millones, y para mediados de año el porcentaje de créditos dudosos se duplicó hasta el 8% de la cartera viva.
Los concursos de acreedores y el fin de la moratoria
En noviembre de 2022, los concursos de acreedores crecieron un 71% interanual, según los registradores, impulsados por el fin de la moratoria concursal. Las empresas zombis, mantenidas artificialmente con vida por las ayudas, empezaron a quebrar. Un informe de los gestores administrativos advertía que 350.000 pymes estaban al borde del cierre y que el 40% de los negocios llevaban dos trimestres con pérdidas. Los autónomos también sufrieron: en 2022 se perdieron una media de 304 trabajadores por cuenta propia cada día, según Okdiario, y 111.000 autónomos desaparecieron en el último trimestre del año.
Las prórrogas y la sentencia pionera
El Gobierno prorrogó la moratoria contable del covid hasta 2027 para evitar una ola de quiebras. Sin embargo, el fin de la moratoria concursal ya había disparado los concursos. En octubre de 2025, los concursos de acreedores tocaban máximos en once años a pesar de las prórrogas. Paralelamente, una sentencia pionera de un juzgado de Barcelona rebajó al 20% la responsabilidad de las pymes en los créditos ICO, al considerar que la publicidad era engañosa, obligando al Estado a asumir el 80% restante. Esta decisión abrió la puerta a que miles de autónomos y empresas reclamen la devolución de las ayudas.
La pregunta que nadie responde es si el Estado podrá soportar la factura final. El Banco de España calcula que los avales de dudoso cobro ascienden a 8.200 millones, pero el riesgo total podría superar los 160.000 millones si se produce un impago generalizado, según El Debate. Mientras tanto, los fondos de inversión alertan del efecto zombi de los créditos ICO y la banca ya prepara un nuevo Sareb para pymes, trasladando el problema al contribuyente una vez más.
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