Se busca politico capaz de destruir el rentismo del pisito

Impuestos brutales y cero ayudas: el plan para tumbar el negocio del alquiler​

¿Y si el problema de la vivienda no fuera de oferta y demanda, sino de rentabilidad? La tesis que abre el asunto es incómoda: el pisito se ha convertido en el gran negocio del siglo, y mientras siga siéndolo, los precios no bajarán. La receta que se plantea es fiscal y sin paños calientes: quitar subvenciones, desgravaciones y ayudas; subir impuestos a las rentas de alquiler y a la plusvalía; y perseguir el dinero negro que mueve notarios, registradores y banca. El objetivo declarado no es otro que destruir la rentabilidad del ladrillo para que los inversores huyan a otros activos y el precio caiga por simple falta de compradores.

Qué propone exactamente el plan fiscal​

La propuesta parte de una idea sencilla: el estado está para orientar qué inversiones convienen al país, y parece que convendría que los pisitos fueran más baratos. En España, el 70% del ahorro familiar está en ladrillo, según se subraya en el planteamiento. Eso convierte cualquier intento de tocar el mercado en un asunto explosivo. La vía que se defiende no es expropiar ni nacionalizar nada, sino encarecer la tenencia y la renta hasta que deje de compensar: menos desgravación, menos subvención al inquilino —que acaba en el bolsillo del arrendador—, más presión fiscal sobre la renta y la plusvalía, y más inspección contra el fraude.

El argumento de fondo es que el ahorro no es neutral: si el dinero encuentra mejor trato en la industria o en la renta fija, se moverá. Y si se mueve, el mercado inmobiliario pierde el colchón de demanda inversora que empuja los precios al alza.

La réplica: menos arrendadores, alquileres más caros​

La objeción más repetida es que castigar al arrendador no abarata nada, sino que reduce la oferta. Las rentas de alquiler ya pagan impuestos, se recuerda, y añadir más carga solo consigue que menos propietarios quieran alquilar. El resultado previsible, según esta lectura, es menos vivienda disponible y precios aún más altos.

La alternativa que se propone desde esa trinchera es la contraria: dar seguridad jurídica al arrendador para que pueda recuperar su propiedad con rapidez cuando el inquilino no paga, y construir de una vez las viviendas públicas prometidas para inundar el mercado de oferta. El diagnóstico de fondo es que hay escasez donde todo el mundo quiere vivir, y que la demanda supera a la oferta.

El fantasma de la burbuja y el exceso de oferta​

Hay un dato que se lanza para desmontar el relato de la escasez: venimos de una burbuja con exceso de vivienda construida y de quince años digiriendo ese stock, con apenas obra nueva. La conclusión que se extrae es que el problema no es de falta de ladrillo, sino de dónde se quiere vivir y de quién puede pagarlo.

En ese contexto, se apunta a que más de la mitad de las operaciones de compra se hacen hoy sin financiación, lo que sugiere que no es el comprador particular con hipoteca quien mueve el mercado, sino fondos y grandes tenedores. Si esos actores compran edificios enteros con descuentos inaccesibles para un particular, construir más no garantiza que el precio baje para el ciudadano de a pie.

La vía regulatoria: renta antigua y control de precios​

Frente al incentivo fiscal, aparece la vía de la regulación pura y dura. Se reivindica el modelo de la renta antigua como herramienta que desincentiva acaparar ladrillo y desbloquea el mercado para darle su uso original: vivir. La comparación histórica que se hace es explícita: con la renta antigua hubo techo para todos durante el mayor boom demográfico de España.

El contraargumento es que la regulación no crea vivienda, solo reparte la existente, y que intervenir precios y contratos desincentiva la construcción y la reforma. La disputa de fondo es si el mercado libre asigna mejor el suelo o si, por el contrario, lo acapara quien solo busca rentabilidad.

Dación en pago y otras medidas que no se aplican​

Entre las propuestas que se lanzan hay una que se presenta como la más eficaz y la más ausente: la dación en pago. Se sostiene que el precio de la vivienda caería de forma contundente solo con aplicar una figura que existe en casi todo el mundo desarrollado, y que su ausencia responde a los intereses del sistema financiero y de los partidos.

La discusión deriva hacia el papel del estado: si debe cubrir el riesgo del arrendador o dejar que cada cual asuma el suyo. La conclusión que se repite es que no se puede pedir intervención solo cuando conviene al propietario y mercado libre cuando conviene al inquilino.

---

Al final, la pregunta que sobrevuela todo el asunto no es si se puede tumbar el negocio del alquiler, sino si alguien con poder real está dispuesto a intentarlo. Por ahora, la respuesta que da el mercado es la de siempre: sube.