Se suicidia ahorcandose la progenitora de Olivia

La madre de Olivia se ahorca en prisión antes de juicio​

La mujer que aguardaba juicio en prisión preventiva por la muerte de su hija Olivia ha aparecido ahorcada en la celda. No habrá sentencia. La acusada del infanticidio afrontaba una posible condena a perpetua revisable y ese pronóstico penal se queda sin resolver: ni condena ni absolución, solo un caso cerrado a la fuerza y una cadena de decisiones —judiciales, administrativas y familiares— que nadie ha asumido.

El relato difundido del caso arranca antes del crimen. El padre de Olivia había sido condenado por violencia de género por pegar a su madre sin más prueba que la declaración de ella. Cumplió condena. Y recuperó la custodia de la niña porque la madre había incumplido lo previsto por la ley: se había llevado a la pequeña a la otra esquina de España sin el preceptivo permiso paterno.

Qué ocurrió en la primera visita tras recuperar el padre la custodia​

En la primera ocasión en que la niña volvió a estar con su madre dentro del régimen de visitas establecido, esta la intoxicó con pastillas y se intoxicó también a sí misma. La niña murió. La madre, no. Antes de eso, el hermano de la mujer había intentado hablar con ella por teléfono, no lo consiguió y acabó llamando a la policía. Los agentes encontraron a la pequeña sin vida y a la madre intoxicada.

Detenida por el infanticidio, ingresó en prisión preventiva. Allí, en la celda donde esperaba el juicio, ha muerto. La investigación penal se extingue con ella y el caso, recogido por medios como El Comercio, se queda sin relato judicial.

La condena del padre y las 28 denuncias cruzadas​

Uno de los puntos que concentra el análisis es la condena del padre. Según los datos que circulan sobre el caso, el fallo se apoyó exclusivamente en el testimonio de la mujer, sin pruebas adicionales que lo corroboraran. Antes de la resolución que devolvía la custodia al padre, la madre había interpuesto 28 denuncias contra él y contra su familia. De todas salió absuelto. Por ninguna de ellas fue condenada ella por denuncia falsa.

Ahí se atasca la lectura jurídica: no consta sanción para la denunciante, no consta prueba distinta de su palabra en la condena del padre y no consta que el riesgo sobre la niña se evaluara antes de la visita. Tres agujeros y ningún responsable con nombre.

El doble rasero que se atribuye al relato mediático​

El eje del malestar es el trato informativo. Una corriente mayoritaria sostiene que existe un doble rasero: cuando el autor es un hombre, el crimen se enmarca sin matices como violencia machista; cuando es una mujer, se recurre a que estaba enferma como explicación y, de paso, como atenuante. El diagnóstico no lo firma nadie —no hay informe pericial que lo respalde en lo publicado—, pero la sospecha de que el encuadre cambia según el sexo del acusado se ha instalado.

El matiz más repetido no niega ese doble rasero, lo desliga del sexo del autor: quien es capaz de acabar con la vida de un niño tiene algo roto en la cabeza, sea hombre o mujer, y eso no lo convierte en excusa. Otros prefieren el término violencia vicaria para nombrar el uso de un hijo como instrumento de daño contra la expareja. Lo que no aparece en ningún lado es una respuesta institucional: ni minuto de silencio, ni declaración, ni pancarta.

Qué falló en la protección de la menor​

La pregunta de fondo no es quién mató, sino por qué nadie lo impidió. El hermano de la acusada sabía que algo podía pasar; lo dijo y llamó. Entre la denuncia previa, la resolución de custodia y la primera visita no aparece ningún mecanismo de supervisión que se activara. Hay quien propone vigilancia reforzada y seguimiento de las visitas en casos de litigio extremo; sin desarrollo normativo, la propuesta se queda en deseo.

Conviene precisar que las acusaciones sobre denuncias falsas y sobre la instrucción del caso no han sido declaradas probadas por ningún tribunal.

Morir antes del juicio: alivio, rabia y justicia esquiva​

La muerte de la acusada ha partido las reacciones. Para unos es una forma de escapar del castigo y deja a la familia de la niña sin verdad judicial. Para otros es la única certeza de que no volverá a hacer daño. Lo que no hay en ningún sitio es una explicación de cómo una persona en prisión preventiva por un caso así pudo acabar con su vida en su celda, cuando el propio hermano ya había avisado de que algo podía suceder.

El caso se cierra sin sentencia y sin explicación. Queda una niña que murió envenenada durante una visita, un padre absuelto de todas las denuncias que se le cruzaron y una pregunta que nadie ha contestado: quién responde cuando el sistema ve el riesgo y no actúa.