Economía: Seamos objetivos: ¿Por qué el sarracin es incompatible con la civilización Occidental cristiana?

La incompatibilidad no está en ser musulmán, sino en los proyectos que pretenden que la ley religiosa sea autoridad jurídica superior al Estado y obligatoria para todos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya lo examinó en 2003 y distinguió entre fe privada y proyecto político.

Hay una confusión que conviene deshacer antes de entrar en materia. Preguntar si el islam es incompatible con la civilización occidental suena a juicio sobre una religión entera, y no es eso lo que está en juego. Lo que choca con el constitucionalismo europeo no es creer en Dios ni rezar cinco veces al día. Es la pretensión de que una doctrina religiosa se convierta en autoridad jurídica y política superior al Estado, obligatoria para toda la sociedad, creyente o no. Esa distinción, que parece de matiz, es la que separa un debate sobre libertad religiosa de un debate sobre soberanía.

La sharía como proyecto político, no como práctica privada

El punto de fricción más claro es la separación entre religión y Estado. El islam político, entendido como corriente que sostiene que la religión debe orientar o determinar la organización del Estado, choca de frente con el Estado secular. Y no es una hipótesis de laboratorio: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Refah Partisi y otros contra Turquía, con sentencia de la Gran Sala el 13 de febrero de 2003, examinó un proyecto político que pretendía introducir un sistema jurídico basado en la sharía. El tribunal lo consideró incompatible con los principios fundamentales del sistema democrático del Convenio Europeo, en particular por sus consecuencias para el pluralismo, los derechos de las mujeres, las libertades y la igualdad ante la ley.

Conviene leer bien esa sentencia. No declaró incompatible la condición de musulmán con la democracia. Declaró incompatible un proyecto de Estado confesional. La diferencia es enorme y casi todo el ruido del debate se cae si uno la respeta.

De ahí se derivan varios conflictos encadenados. Si la ley divina se considera superior e inmodificable, la soberanía del legislador democrático queda limitada. Si la sharía se aplica con carácter obligatorio, entra en colisión con constituciones y códigos civiles. Y si se establecen distinciones jurídicas entre musulmanes y no musulmanes, la igualdad de ciudadanía se rompe. Lo mismo ocurre con la libertad religiosa cuando se castiga la apostasía, o con la libertad de expresión cuando se penaliza la blasfemia. Son conflictos de derecho, no de teología.

Igualdad, familia y autonomía personal

El segundo bloque de roces afecta a la vida cotidiana. Determinadas normas tradicionales establecen diferencias de derechos y obligaciones por razón de sexo. En el régimen sucesorio islámico clásico hay supuestos en los que una mujer hereda la mitad que un varón de igual grado. La poliginia masculina permitida por la doctrina clásica contradice el modelo de matrimonio civil monógamo e igualitario. Y algunas interpretaciones tradicionales conceden al marido facultades de repudio que no se reconocen simétricamente a la mujer.

Aquí hay que ser preciso, porque la precisión es lo que evita que el debate se convierta en un intercambio de etiquetas. Una mujer que decide libremente llevar velo ejerce una libertad individual. Un Estado que la obliga a llevarlo restringe esa misma libertad. La prescripción religiosa voluntaria y la imposición legal no son lo mismo, y confundirlas es un error que cometen los dos bandos.

Lo mismo pasa con el matrimonio forzado, el patriarcado o la censura cultural: aparecen también en sociedades no musulmanas. Solo constituyen incompatibilidades atribuibles a una interpretación del islam cuando están fundamentadas o impuestas expresamente mediante esa doctrina. La coacción sobre conductas privadas, la segregación obligatoria por sexos o la presión familiar para mantener ayunos y oraciones son vulneraciones de la autonomía individual cuando se imponen, vengan de donde vengan.

No todas las escuelas ni todos los musulmanes defienden lo mismo

Estas incompatibilidades no se manifiestan por igual en todas las escuelas del islam. Algunas son propias de proyectos islamistas de Estado; otras proceden de doctrinas jurídicas clásicas que no todos los musulmanes contemporáneos defienden. Y no deben confundirse el yihadismo violento, el islamismo político violento y la práctica religiosa privada. Meterlos en el mismo saco no es solo injusto: es analíticamente inútil, porque impide distinguir qué se puede reformar, qué se puede tolerar y qué hay que combatir con el código penal en la mano.

El pluralismo político también entra en la ecuación. Las corrientes que subordinan partidos y programas a la ortodoxia religiosa limitan la competencia democrática. La subordinación de los jueces a interpretaciones religiosas obligatorias compromete la independencia judicial. Y las normas consideradas divinas e inalterables presentan dificultades evidentes para adaptarse mediante procedimientos democráticos. Son problemas de diseño institucional, no de identidad cultural.

Qué dice el derecho europeo y qué no dice

El marco jurídico europeo no prohíbe ser musulmán. Prohíbe, en cambio, que el poder público imponga restricciones religiosas a quienes no comparten la fe, que existan jurisdicciones paralelas con resoluciones obligatorias al margen del Estado o que se atribuyan derechos políticos superiores a los fieles de una religión. La unidad jurisdiccional y la igualdad ante la ley no son negociables en un Estado constitucional.

La conclusión razonable, si uno se atiene a los hechos y no a los titulares, es que el conflicto no es entre el islam y Occidente como civilizaciones, sino entre el Estado de derecho y cualquier proyecto, religioso o no, que pretenda situarse por encima de la ley. Eso incluye a los que quieren imponer la sharía y a los que quieren prohibir el velo por decreto. La libertad de conciencia funciona en las dos direcciones.

Si este asunto le afecta personalmente por cuestiones de derecho de familia, residencia o libertad religiosa, consulte a un abogado especializado antes de tomar decisiones.