Economía: Si es que las empresas privadas garantizan todo mucho mejor.

Cotizar 30 años a una mutua: 94.000€ de fondo para la jubilación​

Las empresas privadas garantizan todo mucho mejor. O no. La frase hecha se agrieta en cuanto se pone una cifra sobre la mesa: quien acumula casi tres décadas aportando a la Mutualidad de la Abogacía calcula un fondo de unos 94.000 euros, a razón de unos 270 euros al mes, y calcula también que sus cotizaciones paralelas a la Seguridad Social suman alrededor de 490.000 euros entre la parte propia y la de la empresa. Dos sistemas, dos bolsillos y una pregunta incómoda: ¿qué protege de verdad a quién?

Qué pasó con las mutuas de abogados, ingenieros y arquitectos​

La Mutualidad de la Abogacía fue durante décadas el sistema de cotización obligatorio para los abogados en ejercicio. Según se sostiene en el hilo, desde 1996 los mutualistas pudieron elegir entre seguir en la mutua o pasarse al RETA, el régimen público de autónomos, e incluso cabía cotizar en ambos. El mismo esquema se atribuye a ingenieros, arquitectos y otros colectivos que tuvieron su propia mutualidad profesional.

El problema llegó con el tiempo. La mutualidad no permite rescatar las aportaciones hasta la jubilación, de modo que quien llevaba quince o veinte años pagando se vio ante un dilema: seguir donde ya tenía un fondo consolidado o empezar de cero en la Seguridad Social, con la vida laboral en blanco y el riesgo de no alcanzar el mínimo para cobrar pensión.

El cálculo que se hace un mutualista a los 60​

Quien lleva aportando desde 1996 habla de casi tres décadas de cuotas, un bote de 94.000 euros y unos 270 euros al mes de aportación media. En paralelo, y desde 2005, suma cotizaciones como trabajador por cuenta ajena que, con la parte empresarial incluida, rondan los 490.000 euros. La conclusión que extrae es sencilla: lo público se lleva mucho más de lo que devuelve.

En el otro platillo de la balanza está la contabilidad del sistema. Una de las partes sostiene que durante años los mutualistas no tuvieron sanidad ni prestación por maternidad o baja médica cubiertas por la mutua, y tenían que costearse aparte un seguro privado. Ese detalle, que rara vez aparece en la comparativa, forma parte del mismo cálculo.

¿Aportaban más o menos que un autónomo?​

Aquí el enfrentamiento es total. Una corriente sostiene que las cuotas de la mutua, sumando la cobertura médica privada, la baja por incapacidad temporal y las prestaciones familiares, superaban lo que paga un autónomo en el RETA, y que afirmar lo contrario es faltar a la verdad. La otra parte responde que la mutua era un servicio privado, con médicos privados, y que el traspaso a la Seguridad Social solo era cuestión de pagar más, algo que durante años no compensaba.

El nudo de la discusión no es cuánto se pagaba, sino con qué se compara. Medir un sistema de capitalización contra uno de reparto sin igualar la aportación es, para algunos participantes, hacer trampa: ponen el ejemplo alemán, donde a igual cotización la pensión de una mutua profesional sale mejor que la pública.

El reproche de la publicidad engañosa y el rescate imposible​

Otra voz apunta al corazón del asunto: la proyección que la entidad mostraba al mutualista, con aportaciones de 300 euros al mes, una estimación de pensión de 1.200 euros y un horizonte que parecía garantizado. Cuando empezaron a jubilarse los primeros, sostiene, el rendimiento real quedó comido por la inflación. Otra intervención cifra ese rendimiento —en torno al 4% anual en la última década, un 3% durante la crisis financiera y un 8% entre los años ochenta y esa crisis—. El reproche es doble: mala gestión y expectativas infladas.

A eso se suma, según se apunta, el golpe fiscal del rescate. Sacar el fondo de la mutualidad conlleva una factura tributaria importante, y quien no sigue aportando ve cómo los gastos de gestión se comen el capital parado.

Rendimiento de la mutualidad frente a la inflación​

• Desde los años 80 hasta la crisis: 8%
• Durante la crisis: 3%
• Últimos diez años: 4%

Alemania, Chile y el espejo internacional​

Como apunta un participante, en España la comparación es difícil porque las cotizaciones sociales van en un paquete sin desglosar, a diferencia de los países germánicos, donde cada concepto se separa. Quien defiende el sistema de capitalización recuerda que el reparto castiga al que muere pronto y sin herederos: cuarenta y cinco años aportando y el dinero se queda en la caja común. Quien defiende el reparto responde que una empresa privada quiebra y no paga, mientras el Estado tiene incentivos —electorales— para no bajar las pensiones.

El caso chileno funciona como espejo: allí se aporta menos al sistema, lo que lleva a preguntarse si los salarios son más altos por ese motivo. Según otra intervención, los ancianos de los países con sistemas mixtos obtienen del ahorro privado cantidades modestas, con la excepción del 20% con más renta y del 1% que acumula patrimonios de siete cifras.

El precedente que nadie quiere repetir​

Como curiosidad, un participante recuerda el caso de los empleados de Telefónica, integrados a la fuerza en la Seguridad Social hace años, con la caja de su mutua absorbida por el sistema público. El paralelismo alimenta la sospecha de que la jugada no es nueva.

Con el debate sobre la sostenibilidad del sistema sobre la mesa, hay quien ve en el traspaso de colectivos con fondos capitalizados a la caja común una tentación permanente para cualquier gobierno. La pregunta que se plantea en el hilo es, otra vez, la misma: ¿quién paga la fiesta cuando se acaba el dinero de los que sí pagaron?