El desvío de 8.500 millones de Next Generation a pensiones: un escándalo contable sin consecuencias
El Gobierno utilizó 8.500 millones de euros de los fondos Next Generation para pagar pensiones, una maniobra contable que vulnera el real decreto que regula el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Según los datos, se autorizaron dos modificaciones presupuestarias por 2.389,4 millones en noviembre de 2024, financiadas con créditos sobrantes del MRR, lo que ha sido calificado como un 'crimen contable' por parte de analistas independientes. La UE, además, señaló que España no ejecutó 30.000 millones de estos fondos, lo que deja un agujero de 22.500 millones sin justificar.
La ilegalidad del cambalache
El Real Decreto-ley 36/2020, en su artículo 37.1, establece que los créditos del servicio 50 del MRR solo pueden destinarse a los fines previstos. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda aprobó una ampliación de crédito de 1.722,1 millones el 6 de noviembre de 2024 y una transferencia de 667,3 millones el 19 de noviembre, ambas cargadas a ese servicio, para cubrir pensiones de clases pasivas y complementos a mínimos. Juristas consultados consideran que esto constituye una prevaricación contable y falsedad documental, pues se altera el estado contable de la nación. Mientras en el sector privado un gestor que desvía fondos así iría a la cárcel, aquí los responsables se limitan a firmar decretos.
El silencio cómplice
Una corriente de opinión sostiene que la ciudadanía calla porque es beneficiaria directa de estas partidas: pensiones, ingresos mínimos, subvenciones. Se apunta a un 'contrato social implícito basado en un timo', donde el dinero no sale de impuestos a grandes fortunas sino de deuda y fondos europeos. Quienes minimizan el escándalo argumentan que es solo una fracción de lo que Europa debe a España por el desmantelamiento industrial, y que habría que subir el órdago y no devolver los fondos. Otros, desde una postura más crítica, señalan que los derechos de pensiones se han sobredimensionado, especialmente las de viudedad, que deberían restringirse.
La pregunta que nadie responde
El dato más inquietante es que, según la Comisión Europea, España dejó sin gastar 30.000 millones de los Next Generation. Si 8.500 se usaron para pensiones, ¿dónde están los otros 22.500 millones? La falta de transparencia y la ausencia de responsabilidades políticas convierten este episodio en un síntoma de una gestión donde la legalidad se dobla a conveniencia. Mientras, el debate público apenas lo menciona.
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