Opinión: Socialismo criminal, de Javier Horno: ¿qué os parece?

El texto denuncia un supuesto «golpe de estado» institucional en España y critica que se destinen 750 millones de euros a los trenes de Marruecos en 2025 mientras se acumulan muertes en la red ferroviaria española. Son afirmaciones de opinión que mezclan datos sin verificar con hechos concretos.

La seguridad de los trenes ha dejado de ser un asunto técnico para convertirse en un campo de batalla político. En los últimos meses, una serie de accidentes ferroviarios ha sacudido la opinión pública española. El más reciente, ocurrido en Urda (Toledo), se saldó con decenas de víctimas mortales. A partir de ahí, el debate sobre la inversión pública, la gestión de las infraestructuras y la prioridad del gasto ha entrado en una espiral de acusaciones cruzadas.

La cifra que lo cambió todo: 750 millones para Marruecos

En 2025, el Gobierno de España comprometió más de 750 millones de euros para la modernización del sistema ferroviario de Marruecos. La cifra, que aparece en los presupuestos de cooperación internacional, ha sido utilizada por la oposición y por sectores críticos para cuestionar la gestión de los recursos públicos. La comparación es inevitable: mientras se destina esa cantidad a un país vecino, la red española de trenes acumula un historial de incidentes que ha puesto en el punto de mira a Renfe y a Adif.

No se trata solo del dinero. La estructura de las empresas públicas ferroviarias ha sido objeto de críticas por la designación de altos cargos sin experiencia en el sector. La cúpula de Adif, según denuncias recurrentes, estaría formada por personas de confianza política sin trayectoria técnica. Esa mezcla de falta de especialización y presión presupuestaria ha generado un cóctel que los sindicatos llevan tiempo advirtiendo.

El «golpe de estado» como marco interpretativo

El texto que inspira este análisis va más allá de los trenes. Su autor, Javier Horno, describe una España sometida a un «golpe de estado» de carácter lento, un proceso de demolición institucional que habría comenzado con Felipe González y su presión sobre el poder judicial. La tesis se extiende a José Luis Rodríguez Zapatero, a quien acusa de aprovechar la masacre del 11-M de 2004 para llegar al poder, y llega hasta el Gobierno actual, al que atribuye doce causas judiciales abiertas por corrupción y financiación ilegal.

Esa narrativa, que mezcla episodios históricos con acusaciones sin sentencia firme, es el eje del malestar que el autor traslada. Menciona la amnistía a los encausados por el procés, las cesiones tributarias a Cataluña y los indultos como pruebas de una deriva autoritaria. También carga contra el Tribunal Constitucional y contra su presidente, Cándido Conde-Pumpido, por avalar leyes retroactivas que, según él, exculpan a golpistas y a los responsables de los ERE de Andalucía.

Los muertos en la vía y la respuesta institucional

El punto más duro del texto llega con las víctimas. El autor cifra en más de cien las personas fallecidas en ferrocarriles en un solo año, y menciona específicamente un accidente con setenta muertos bajo la supervisión del ministro Óscar Puente. La cifra exacta no está confirmada por fuentes oficiales en el momento de escribir estas líneas, pero el goteo de siniestros ha sido constante. El accidente de Urda, con decenas de víctimas, fue el detonante de una indignación que trasciende la política.

La respuesta del Gobierno ha sido la habitual: condolencias, promesas de investigación y anuncios de refuerzo en la seguridad. Para los críticos, esas palabras suenan huecas. El autor del texto lo expresa sin paños calientes: «Los 68 fallecidos de ayer son la consecuencia de tener el gobierno en manos de una banda criminal». Es una afirmación de parte, sin prueba judicial, que refleja el clima de confrontación.

La política fiscal y el gasto social bajo sospecha

Otro de los frentes que abre el texto es el de la política fiscal. Se critica un modelo en el que los empresarios «arriesgan de verdad» mientras son atacados desde la izquierda, y se denuncia una fiscalidad «agobiante» que convierte a España en una «oenegé para jetas». La referencia a las ayudas a migrantes y a la regulación de extranjeros es constante, aunque sin datos concretos que respalden las cifras que se manejan.

En el terreno de los medios, el autor arremete contra lo que llama «pseudomedios» que airean escándalos de corrupción y consumo de drogas mientras ignoran, según él, los problemas reales. La mención a Broncano y su salario de más de 21.000 euros por programa sirve para ilustrar lo que considera un desvío de prioridades. Es un ejemplo recurrente en el debate público sobre el gasto en radiotelevisión pública, aunque el dato exacto del contrato no está verificado de forma independiente.

Un cierre sin concesiones

El texto termina con una apelación al Rey para que, invocando el artículo 8 de la Constitución, disuelva el Gobierno y convoque elecciones «limpias, hechas solo por españoles». Es una petición que excede el marco constitucional actual, donde la disolución del Ejecutivo no corresponde a la Corona. El autor lo sabe y lo plantea como último recurso ante lo que considera una emergencia nacional.

La mezcla de datos, opiniones y consignas hace difícil separar el grano de la paja. Lo que queda claro es que el malestar es real: los accidentes ferroviarios, la gestión de las infraestructuras y la percepción de corrupción han calado en una parte de la población. El debate sobre si el gasto en Marruecos es prioritario frente a la seguridad de los trenes españoles seguirá dando que hablar. Y las cifras, esas que tanto se manejan, merecen ser contrastadas con las fuentes oficiales antes de darlas por buenas.