Sol ahora. “Ayuso, Almeida, iros a la guano”.

Puerta del Sol clama contra Ayuso y Almeida por la vivienda​

¿A quién se le grita cuando se grita en la Puerta del Sol? La consigna sonó tajante y se coreó con nombre y apellidos: «Ayuso, Almeida, iros a la mierda». La plaza madrileña volvió a llenarse con la llamada marea verde y dejó sobre la mesa una paradoja que chirría. La protesta por la vivienda apuntó a los gobiernos autonómico y municipal, no al Ejecutivo central. Varios participantes en el debate subrayaron que es ese Ejecutivo el que firma la ley de vivienda y maneja la política estatal del ramo, y que en la Puerta del Sol no se oyó un solo cántico contra el Ministerio correspondiente.

De ahí sale la primera pregunta incómoda. Si el problema es que no se puede pagar un alquiler, ¿por qué el enfado se cobra con quien no decide sobre el mercado estatal?

«El pueblo unido jamás será vencido» en la Puerta del Sol​

Las imágenes que corrieron por redes mostraron una plaza llena y un repertorio de consignas que mezclaba lo reivindicativo con lo clásico. Sonó «El pueblo unido jamás será vencido», la letra de siempre, la que llevan décadas entonando los movimientos sociales de medio mundo. El diagnóstico que se hacía circular era que algo está cambiando en Madrid.

En el debate se repitió la sospecha de que no era un movimiento espontáneo, sino una maquinaria con manual de instrucciones, y hubo quien mencionó al Sindicato de Inquilinas como señal de un perfil radical.

¿Por qué la protesta señala a la oposición y no al Gobierno?​

Aquí empieza el debate de verdad. Hay quien sostiene que la manifestación retrata un cambio de coordenadas: la vivienda ya no se discute solo en el Congreso, se juega también en el barrio, en la comunidad de propietarios y en la junta de distrito, competencias que en Madrid gestionan el PP autonómico y municipal. Bajo ese prisma, gritarle a Ayuso y a Almeida es señalar a quien pisa el terreno más cercano.

La objeción llega desde el otro costado. Si el desahucio depende de la legislación estatal, y la política migratoria o de fronteras también, la diana natural sería el Ejecutivo central. Y se resume en una frase recurrente, como la que dejó un participante: «España debe ser el único país del mundo donde las manifestaciones son contra la oposición en lugar de contra el Gobierno». Un país sin alternancia real, se argumenta, coquetea con el problema de fondo.

El espejo catalán: el cruce de cifras del debate​

Para romper el relato madrileño se suele mirar a Cataluña. La comparación que circula es llamativa: Cataluña concentraría en torno al 25% de los desahucios de España pesando apenas un 16% de la población. Y no queda ahí. Según esa misma cuenta, la oferta de vivienda en Barcelona caería el triple que en el conjunto del país, con el gobierno autonómico y municipal en otras manos. Traducido: si el problema es el alquiler, las comunidades gobernadas por el resto de partidos no salen mejor retratadas.

El contragolpe llega con el ranking de preocupaciones. Se afirma que con el PP la vivienda era la preocupación número 15 de los españoles y con el PSOE es la primera. La conclusión que muchos extraen es incómoda para todos: las encuestas miden angustia, no gestión. Y la angustia sube con independencia de quién firme el decreto.

¿Quién es el inquilino que se manifiesta?​

Otro frente es el perfil del manifestante. Una parte del análisis insiste en que la marea verde la forman inquilinos que pagan su renta religiosamente cada mes y que reclaman precio, no impagos. El contraste lo ponen realidades más duras que apenas asoman en las pancartas: subarriendos, habitaciones hacinadas, impagos, ayudas al alquiler que no llegan a quien las necesita. Ellos son la élite del inquilinato, ironizan los críticos, y con eso se creen con derecho a todo.

En el debate se mencionó también el caso de una inquilina anciana amparada en una ley de arrendamientos antigua y desahuciada por la aplicación de la normativa posterior. Sirve para las dos narrativas a la vez: para unos es la prueba de que el sistema falla; para otros, el argumento de que se magnifica un caso excepcional para montar una causa general.

La vivienda como impuesto y el horizonte de 2027​

Por debajo del ruido hay un argumento fiscal poco discutido. A ningún gobierno actual le interesa la vivienda barata, zanjan los más cínicos: con el ladrillo caro suben los impuestos indirectos, el IVA y los gastos de escrituración, y ese dinero sostiene el gasto público. Abaratar el metro cuadrado es, en esa lectura, renunciar a recaudar. Sin impuestos no hay presupuesto que repartir.

Sobre todo esto planea el calendario. En el debate se repiten los escenarios de 2027 y la idea de que quien gane esas elecciones se quedaría hasta 2030. Unos siguen esperando que el gobierno se les caiga en las manos por su propio peso; otros, azuzando la calle para que no se enfríe la causa. Mientras, el precio del alquiler sigue sin pedir permiso a ninguno de los dos.

Qué viene ahora​

No hay desenlace. No lo hay en la calle, donde el movimiento se mide por la próxima convocatoria, ni en las instituciones, donde se cruzan competencias y culpas. Quien clama contra Ayuso y Almeida en la Puerta del Sol dejó clarísimo a quién señala. Lo que todavía no ha aclarado es qué decreto firmaría mañana si le dejaran el bolígrafo.