*Tema mítico* : «somos el país con más crimen organizado del mundo»

Un jefe de los Mossos: «Somos el país con más crimen organizado del mundo»​

Hay un dato que se cuela por el desagüe y explica casi todo. Barcelona es la ciudad de la Unión Europea con más cannabis en sus aguas residuales: el triple que Ámsterdam, la siguiente de la lista. No es una curiosidad de laboratorio, es la huella química de un negocio que, según el jefe de la División de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra, ha colocado a España en lo más alto de una clasificación de la que nadie presume. La frase la soltó delante del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y no sonó a opinión de barra de bar: bandas albanesas, suecas, alemanas, británicas, francesas y croatas peleando por el mercado de la marihuana.

España, número uno exportando marihuana​

«En España somos exportadores de marihuana. Somos los números uno exportando marihuana y evidentemente no es un orgullo», admite el mando policial citado. Los decomisos acompañan el relato: más de cinco toneladas intervenidas en Mataró y Pineda de Mar, 1.800 kilos incautados en una operación con epicentro en el puerto de Málaga. La Fiscalía Superior de Andalucía lo describe sin paños calientes: la producción se extiende de forma imparable por toda la comunidad, y a eso se suma el hachís que entra por el Estrecho y la cocaína que desembarca en Algeciras. Barcelona, mientras tanto, triplica a Ámsterdam en cannabis detectado en el agua. Nadie presume de liderar esa tabla.

El crimen que importamos es el que dispara​

Aquí está el matiz que se pierde en la bronca política y que el propio mando subraya: el problema no es la hierba, es lo que viaja con ella. «Importamos crimen organizado que es especialmente violento», señala. En el mapa aparecen la mafia calabresa, descrita desde el ámbito policial como el nuevo terrorismo; la marsellesa, que almacena en Gerona el hachís que después coloca en Francia; y la Mocro Maffia, señalada por su control del narcotráfico desde la Costa del Sol. También el Barrio 18 salvadoreño, la Mara Salvatrucha —27 detenidos en un intento de implantación— y el Cártel de Bagdad, cuyo líder fue detenido en Pozuelo de Alarcón. Sobre el terreno, la Confederación Española de Policía avisa de que en Málaga no se cortan: llevan armas en los vehículos.

Puertos, aduanas y radares que no llegan​

Las infraestructuras son el eslabón flojo, y ahí aparecen los casos más incómodos. El jefe de la Unidad de Análisis de Riesgos del puerto de Málaga fue detenido, según las informaciones publicadas, por su presunta vinculación con una red de tráfico de cocaína; uno de los señalados como cabecillas habría logrado el control del escáner del recinto tras ceder el de su propia empresa de congelados. En Barcelona, fuentes policiales admiten que el puerto «está peor de lo que pensamos». Y en el Estrecho los radares seguirán obsoletos hasta 2028, mientras Interior mantiene en un almacén de Lanzarote un radar comprado para detectar las lanchas de las mafias y la Policía reclama un refuerzo sin precedentes en la Costa del Sol.

Legalizar: el argumento que ya no se susurra​

Cuando el negocio es ilegal, el margen se lo queda quien asume el riesgo. De ahí que gane peso la tesis de que la prohibición funciona, en la práctica, como una subvención al narcotráfico. El razonamiento que más circula: si se legalizara, el crimen se desinflaría; si no se hace, es porque existen intereses —institucionales y económicos— en que siga así. También se señala el papelón de estudiar desde cero la viabilidad terapéutica del cannabis mientras medio Estados Unidos ya lo vende con fines recreativos. Y llega el aviso contrario: la epidemia de opiáceos en EEUU, con las farmacéuticas en el centro, demuestra que legalizar tampoco es un jardín. El contexto económico de todo esto es incómodo: el PIB español con tráfico de drogas y prostitución incorporó 26.193 millones de euros.

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La otra lista: corrupción y justicia colapsada​

No todo el crimen organizado llega en patera ni en contenedor. Una parte del análisis sostiene que la estructura criminal más grande del país tiene nómina pública, aforamiento y sede en el Parlamento. Los indicios que se citan: un CGPJ al que los propios jueces acusan de estar «secuestrado por los políticos desde 1985»; los 24 procedimientos de corrupción abiertos en Andalucía con 179 acusados en 2021; o el homenaje que, según las crónicas, tributó el PSOE en su congreso federal a dos expresidentes andaluces condenados por malversar 680 millones. La cifra que resume la tesis: 124.123.915.826 euros de coste estimado por corrupción sistémica en el recuento que circula.

Europol puso la guinda: tras la guerra de Ucrania, exmilitares entrenados engrosarán las redes mafiosas o los grupos paramilitares, y el tráfico de armas —drones incluidos— irá a más. Ese es el pronóstico. El dato que descoloca es de presente: en la Audiencia Nacional hay casi 200 personas en prisión provisional esperando una sentencia que no llega, y algunos de los grandes capos ya se han fugado en el intervalo. La pregunta deja de ser cuántas mafias tenemos. Es cuánto tardamos en juzgarlas.