SpeedTrans: el canon que arruinó las compras fuera de la UE
SpeedTrans fue, durante un par de años, el ejemplo más descarnado de cómo una empresa privada puede colarse en los intersticios del Estado para cobrar un peaje injustificado. Con la cobertura de Correos y la pasividad de la Agencia Tributaria, montó un monopolio de facto sobre los paquetes procedentes de fuera de la Unión Europea.
El modelo de negocio: tasa fija sin servicio real
La empresa cobraba 20 euros por cada paquete con valor superior a 22 euros que entrara por correo postal. No importaba si el paquete ya había pagado aranceles o IVA: el canon era independiente. En la práctica, muchos consumidores acababan pagando más en tasas de gestión que en el propio producto.
Prácticas de dudosa legalidad
Los afectados denunciaron retenciones de hasta tres meses, paquetes abiertos, pérdidas injustificadas y cobros por almacenaje que se disparaban porque SpeedTrans retrasaba deliberadamente el aviso de llegada. También se señaló una cesión ilegal de datos personales desde Correos, saltándose la Ley de Protección de Datos.
Las conexiones políticas
Tras la empresa aparecía Miguel Fernández Aramburu, un agente de aduanas sevillano con vínculos con el sector inmobiliario y con presuntos contactos políticos en Andalucía. La concesión se habría realizado sin concurso público, a dedo, y con un testaferro para evitar incompatibilidades. La Fiscalía Anticorrupción llegó a interesarse por el caso, aunque sin resultados conocidos.
El principio del fin
La presión ciudadana y el boicot de empresas como Think Geek, que dejó de enviar a España por los costes añadidos, forzaron un cambio. En octubre de 2011, Correos recuperó la gestión de las aduanas postales, aunque implantó un procedimiento simplificado con una tasa de 14 euros. SpeedTrans, al menos sobre el papel, desapareció.
Nuevo sistema, viejas incertidumbres
A día de hoy, el ciudadano sigue teniendo que lidiar con dos procedimientos según el valor del paquete: uno simplificado (hasta 150 euros) y otro ordinario que replica buena parte de las trabas burocráticas. Los efectos personales siguen siendo un calvario, como demostró el caso de una usuaria que tuvo que acreditar empadronamiento y billete de avión para recuperar su ropa usada.
SpeedTrans demostró que, en España, privatizar una gestión pública sin control puede convertirse en un atraco en toda regla. El sistema cambió, pero la desconfianza hacia Correos y la Agencia Tributaria sigue instalada.
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