TERRIBLE SUCESO EN BADAJOZ: descendiente ADOPTIVO ASESINA A SU progenitora

Un joven adoptado en Etiopía mata a su madre en Badajoz​

Un joven de 17 años de origen etíope, adoptado siendo niño, marcó él mismo el 091 para decir que acababa de discutir con su madre y que la había agredido con un arma blanca. La mujer, de 60 años, falleció en su vivienda de Badajoz. En el mismo suceso perdió la vida el perro de la familia. Lo insólito no es solo el desenlace, sino quién descolgó el teléfono: el presunto autor de los hechos, según las fuentes policiales citadas por la prensa local. La llamada entró sobre las 14:35 horas.

El suceso ha reabierto una discusión con más recorrido que el propio crimen: qué se sabe de las adopciones internacionales, cómo se tramitaron durante años en España y qué controles reales existen sobre unos procesos que traen a menores desde países como Etiopía.

Los hechos que confirmaron las primeras fuentes policiales​

Un joven manifestaba en la llamada al 091 que había discutido con su madre, de 60 años, y que le había agredido con un arma blanca. La mujer murió. Era madre soltera y, según quienes la trataban, vivía por y para sus dos hijos, ambos adoptados en Etiopía. La otra hija, de 19 años, llegó a las inmediaciones de la vivienda cuando el dispositivo policial ya estaba montado y tuvo que recibir asistencia sanitaria en el lugar, acompañada por familiares y amigos.

Que fuera el propio menor el que avisara a la policía abre varias hipótesis. Una de ellas, la de una posible autoinculpación para proteger a un tercero, circuló desde el primer momento sin ninguna confirmación oficial. A la fecha de este análisis, esa línea seguía sin resolverse.

Por qué Etiopía cerró la adopción internacional​

El país prohibió la adopción internacional de sus menores. El Parlamento etíope aprobó en enero de 2018 una ley que veta la adopción internacional de niños huérfanos. Unos meses antes, en septiembre de 2017, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad español había suspendido de forma definitiva la admisión y continuidad de expedientes de adopción internacional sin menor asignado en Etiopía, alegando falta de seguridad jurídica.

Ese es el marco administrativo que dejaron atrás las familias que adoptaron en el país durante los años anteriores. Quienes critican estos procesos han leído la decisión etíope como una señal de fondo: si un Estado decide cerrar la puerta, sostienen, es porque el negocio no olía bien.

Fraude, intermediarios y el negocio de la adopción​

El historial no invita al optimismo. Reportajes publicados años atrás documentaron fraudes, corrupción y prácticas irregulares en la industria de la adopción etíope. Un trabajo de The Atlantic describía cómo los llamados «buscadores» de historias de niños adoptados encontraban relatos falsificados, y cómo quienes destapaban esos casos recibían amenazas. Organizaciones que investigaron adopciones gestionadas por agencias europeas denunciaron obstrucción y falta de cooperación.

Según los relatos que circulan en el debate, las adopciones internacionales no son un trámite gratuito: entre tasas, agencias, viajes y gestiones, la factura para las familias adoptantes puede ser alta, y ese incentivo económico es lo que algunos señalan como motor de las irregularidades. La sospecha recurrente, apuntan, es que el negocio estaba del lado de los intermediarios, no de las familias, y se habla de engaños a los padres biológicos y de ayudas prometidas que nunca llegaban.

Lo que sostiene cada parte del debate​

Hay quien defiende que parte de estos procesos fueron opacos y que las familias adoptantes recibieron información incompleta sobre el origen de los menores, cuando no directamente falsa. La consecuencia, se argumenta, es un menor criado sin saber de dónde viene y con una identidad construida sobre un relato ajeno.

En el lado opuesto se recuerda que la inmensa mayoría de las adopciones se desarrollan sin incidentes, que muchos adoptados han crecido con normalidad y que convertir un caso trágico en una regla general es un error de bulto. No faltan quienes apuntan a factores más prosaicos: adolescentes en crisis, conflictos familiares que se enquistan y falta de recursos para atenderlos. Ninguno de los dos extremos se puede demostrar con los datos públicos de este caso concreto, y ahí está el problema.

El suceso de Badajoz no llegaba solo​

Según los comentarios recogidos, meses antes se había producido otro episodio similar, con una madre adoptiva fallecida y dos hijos adoptados de origen extranjero como presuntos autores. La coincidencia ha alimentado comparaciones y recelos difíciles de sostener con datos, así como una cierta lectura identitaria del fenómeno que el propio caso no respalda.

También aquí se discutió sobre la convivencia en familias adoptivas y sobre el momento en que se informa al menor de su origen. Existe la tesis de que insistir en la cultura de procedencia puede reforzar una sensación de desarraigo, justo lo contrario de lo que se busca.

El silencio informativo que vino después​

Poco después del crimen, la atención pública se desplazó a la vida privada de la víctima y a los mensajes que el menor habría enviado a sus amigos. Hay quien sostiene que los medios dejaron de cubrir con intensidad un suceso que había tenido un pico de interés enorme. El silencio posterior, sumado a la ausencia de datos oficiales, dejó el caso en un limbo del que a la fecha de este análisis no había salido.

El presunto autor tiene 17 años. Con esa cifra en la mano se abre una pregunta incómoda: qué se hace con un caso así cuando la Justicia apenas puede mirar más allá del expediente de un menor. Y cuánto de lo que se discute por encima del cadáver tiene algo que ver con la verdad.