Un agente con el arma retirada mata a su expareja dentro del cuartel
El suceso ocurrió en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes, en Asturias. Un agente destinado en Zamora se hizo con el arma reglamentaria de un compañero y acabó con la vida de la agente Laura, también guardia civil, para después morir. Ambos tenían tres hijos en común. La víctima estaba incluida en el sistema VioGén y tenía una orden de protección desde 2019. El agresor, Dámaso F.S., arrastraba una condena firme por violencia de género y un expediente de expulsión del cuerpo que estaba a punto de materializarse.
La expulsión que llegó tarde
Dámaso F.S. trabajaba en la unidad cinológica de Zamora, donde adiestraba perros en la búsqueda de estupefacientes. En 2024 acompañó a Donald, su pastor alemán, a un acto en el que fue condecorado tras más de 1.000 intervenciones. Esa era su vida profesional. Pero desde 2019 pesaba sobre él una condena por violencia de género que le impedía portar armas, y el arma le había sido retirada. La semana del suceso, según las informaciones, había recibido la comunicación de su separación definitiva del servicio.
La paradoja es que, pese a estar condenado y con el arma retirada, mantenía acceso al cuartel y a las dependencias comunes. El arma con la que cometió el crimen no era la suya: se la había quitado a un compañero días antes. El expediente de expulsión llevaba años abierto, un proceso lento que, en la práctica, le permitió seguir en el cuerpo hasta el final.
VioGén: años de seguimiento y un desenlace mortal
La víctima estaba en el sistema VioGén por denuncias de malos tratos. La orden de protección databa de 2019. Entre medias, la relación se rompió, llegó el divorcio, y los conflictos por custodia y patrimonio se enquistaron. Según la documentación judicial que circuló en el debate, él presentaba denuncias contra ella por incumplimientos relacionados con los menores y por mal uso del vehículo compartido. Un comandante resumió esas denuncias con dos palabras: “por joder”. Ella, a su vez, seguía vinculada a VioGén.
Hay quien sostiene que el sistema desgasta a ambas partes: procesos largos, medidas cautelares, alejamientos. Otros recuerdan que el origen de todo fue una condena por violencia, no una disputa simétrica. El caso deja tres huérfanos y un reguero de preguntas sobre la eficacia de una herramienta que lleva años señalando un riesgo que acabó materializándose.
Las armas en taquillas: un protocolo bajo sospecha
El detalle que más ha llamado la atención es cómo consiguió el arma. Las armas reglamentarias se guardan en taquillas del vestuario, un acceso que no parece exigir más que una patada para abrir. El arma sustraída pertenecía a otro agente, lo que abre otro frente: el de la responsabilidad interna. Se ha recordado que, dependiendo de la escala, un guardia civil puede tener asignadas varias armas, y que la custodia no siempre está a la altura de los protocolos teóricos.
Este no es un problema menor para una institución armada. Si alguien con el arma retirada puede hacerse con la de un compañero en el mismo cuartel, el sistema de seguridad interna falla por varios lados a la vez. Las preguntas obvias son: ¿quién controla las taquillas?, ¿por qué no estaba el arma bajo doble llave?, y sobre todo, ¿cómo es posible que un agente en proceso de expulsión siguiera teniendo acceso libre a las dependencias?
El coste económico de una vida rota
Detrás de la tragedia hay también una deriva laboral y económica que algunos análisis no quieren dejar de lado. Dámaso F.S. llevaba más de cuarenta años fuera de la empresa privada. La expulsión del cuerpo significaba quedarse sin sueldo, sin retiro anticipado y con una pensión mínima a los 53 años, pero aún así con obligaciones de manutención. Se ha argumentado que la combinación de ruina económica, pérdida de estatus y conflicto familiar pudo ser el detonante del estallido final. No lo justifica: lo sitúa en un contexto que el sistema no supo desactivar.
Tres niños se quedan sin padres. Un cuartel entero, conmocionado. Y un expediente, el de la expulsión, que llegó justo la semana en que todo se desmoronó. El análisis se atasca aquí: nadie explica del todo por qué un seguimiento de siete años terminó en el interior de un cuartel con dos agentes muertos.