«Vamos a por todos»: el tuit que reabre el límite de opinar
Un mensaje corto, con bandera ucraniana y la frase «We are coming for everyone one of you», bastó para encender la polémica. La autora del tuit,
Sarah Ashton-Cirillo, se refería a Gonzalo Lira y, por extensión, a todos los propagandistas prorrusos. De la anécdota se pasó a la pregunta incómoda: ¿puede una democracia ir «a por» alguien por lo que opina sobre una guerra?
El texto que reproducía ese tuit añadía dos piezas más. La primera, que a
Rubén Gisbert se le habría abierto una investigación. La segunda, un aviso a navegantes para quien niega en redes el llamado «genocidio ucraniano»: existen leyes y se puede acabar condenado. Con esos mimbres, el asunto derivó en un pulso sobre los límites de la libertad de expresión.
El caso Lira y el aviso «a por todos»
El punto de partida es la detención de
Gonzalo Lira, que el mensaje presenta como el primer golpe de una supuesta caza global. De ahí el salto a la amenaza general: «la justicia atrapó a Gonzalo Lira, al igual que lo hará con todos los criminales, propagandistas prorrusos en cualquier parte del mundo».
Conviene tomarse esa frase por lo que es: una
declaración de intenciones difundida en redes, no una sentencia firme. Pero funcionó como detonante. Varios mensajes recordaron que, además, se ha señalado una investigación abierta sobre
Rubén Gisbert, lo que para unos confirma que las advertencias ya se estarían aplicando y para otros no es más que ruido.
¿Es delito negar un genocidio en España?
Aquí está el nudo legal del asunto. Hay quien sostiene, con el
Tribunal Constitucional por bandera, que negar un genocidio no es delito en España y que ese tipo de afirmaciones quedan amparadas por la libertad de expresión. Se llega a defender, sin más, que se puede negar cualquier genocidio, incluso el Holocausto, «y es legal decirlo».
Frente a eso, la parte contraria replica que la libertad de expresión no es un cheque en blanco y que existen figuras penales aplicables a determinadas conductas, no a la mera crítica. El choque no se resuelve en un sentido ni en otro: es un tira y afloja entre quienes ven un delito de opinión donde otros ven simple propaganda.
La libertad de expresión, la línea que lo divide todo
El argumento más repetido contra el aviso es sencillo. «Sin libertad de expresión no hay democracia», se llega a escribir, y lo que distingue a un país libre de una tiranía no es poder votar, sino poder opinar sin miedo. Bajo esa premisa, perseguir al que disiente equivale a
calcar los métodos del adversario.
El aviso, dicen, produce justo el efecto contrario al buscado: en lugar de silenciar a los prorrusos, empuja a más gente hacia esa trinchera. Es el clásico
efecto Streisand aplicado a la geopolítica. A la contra, otros mantienen que perseguir la propaganda que blanquea una invasión no es censura, sino cumplir la ley, y que la impunidad total también erosiona la convivencia.
«Propagandista prorruso»: un cajón de sastre sin definir
Y aquí asoma el problema práctico: ¿quién es exactamente un propagandista prorruso? La pregunta flota todo el tiempo sin respuesta cerrada. Hay quien ironiza preguntando si basta con decir que a uno le gusta
Dostoievski. La calificación, se queja esa corriente, es tan elástica que cabe cualquier cosa, desde una opinión matizada hasta una simple discrepancia.
Esa indefinición es el punto flaco de la advertencia. Una etiqueta sin contornos claros, señalan, es terreno abonado para el abuso. Y sobrevuela la sensación de que el aviso iba dirigido a los eslabones débiles, a quien escribe desde su casa, y no a los grandes aparatos de propaganda de ningún bando.
Dos relatos que no se tocan
El desencuentro va más allá de la anécdota. Una parte describe a
Ucrania como un Estado que no respeta la libertad de expresión y que amenaza con judicializar la discrepancia. Otra acusa a la
OTAN y a sus aliados de actuar como un bloque que quiere imponer un pensamiento único y aplastar a quien no comulga.
Son dos marcos mentales incompatibles. En uno, el que niega o matiza la guerra es un propagandista al servicio de Moscú. En el otro, el que denuncia esa caza es un defensor de la libertad frente a una maquinaria de censura. Nadie cede un milímetro.
¿Y si el problema no fuese quién lleva razón, sino que nadie ha definido todavía qué es exactamente un «propagandista prorruso»?