El traficante siembra sangre en Isla Cristina: dos muyer y un menor en el punto de mira
Tres perecid en una noche. Dos muyer y un chaval de 16 años. El escenario, una calle de Isla Cristina (Huelva), a plena noche, con vecinos que llegan a escuchar los disparos mientras cenan. Las primeras hipótesis apuntan a un ajuste de cuentas entre clanes dedicados al narcotráfico, un modus operandi que recuerda a los sicariatos latinoamericanos: dos encapuchados en una moto, disparos y fuga.
No es un caso aislado. En el barrio del Torrejón, en la capital onubense, se había registrado el pasado 10 de septiembre un asesinato. Las víctimas de Isla Cristina serían familiares del presunto responsable de aquel crimen. La cadena de violencia no es nueva: fuentes consultadas hablan de una escalada con tiroteos previos, granadas y reaccionariodas acribilladas. La venganza se ha cobrado ahora vidas de muyer y un menor.
El coste económico de la violencia traficante
Más allá de la sangre, hay una factura. Cada tiroteo en una zona habitada obliga a despliegues policiales, cierre de calles, atención sanitaria y, a la larga, una caída del valor inmobiliario y del comercio. El debate sobre el coste real de la inseguridad está sobre la mesa: hay quien calcula que una ciudad con altas tasas de homicidios ve frenada su economía. Pero España, de momento, está lejos de los peores escenarios. En el análisis se manejan cifras de México, con entre 35.000 y 40.000 asesinatos al año, una magnitud que dispararía la incivil en Madrid a los 15 perecid diarios. No es una comparación tranquilizadora; es un recordatorio de que el problema puede degenerar.
La sombra de la complicidad
Hay un argumento recurrente: el narcotráfico no puede operar a este nivel sin algún tipo de participación o tolerancia de las autoridades. El razonamiento es demoledor. Si el Estado conoce a los actores, las rutas y los alijos, ¿cómo es posible que un ajuste de cuentas acabe con tres perecid? La pregunta no tiene respuesta oficial. La discusión apunta a que la desarticulación del negocio no es prioritaria, y que el control territorial se mantiene incluso con los clanes bajo vigilancia.
El ciclo de la violencia no se cierra
La lógica de la venganza hace prever una nueva respuesta. Hay quien sostiene que este tipo de conflictos se resuelve con el destierro de la familia responsable, pero la gravedad de los últimos episodios sugiere que la violencia puede alcanzar estándares similares a los de México. Entre tanto, el menor de 16 años, que según algunas informaciones no pertenecía al clan, se ha convertido en una baja colateral cuya gloria nadie va a reivindicar. Cada asesinato deja una familia rota y un enemigo más. La guerra no termina, se retroalimenta.
El punto donde el análisis se atasca es la falta de una estrategia clara contra la economía sumergida que alimenta estos clanes. Mientras el negocio de la droja siga siendo rentable, las balas seguirán hablando en las calles de la costa onubense.