Marruecos reclama negociar Ceuta y Melilla y el gobierno responde que no hay nada que discutir
La declaración del ministro de Justicia marroquí en una televisión árabe ha abierto un nuevo frente diplomático. El titular del ramo afirmó que su país quiere negociar con España el estatus de Ceuta y Melilla, ciudades que considera marroquíes. Sería la primera declaración oficial del gobierno de Rabat sobre esta cuestión, y ha provocado una respuesta inmediata desde Madrid: la ministra de Defensa, Margarita Robles, zanjó el asunto con un «Ceuta y Melilla son españolas. No hay nada más que discutir».
El marco constitucional: ¿puede cederse territorio?
La pregunta que sobrevuela el debate es si la Constitución española permite siquiera plantearse una cesión de soberanía. El artículo 102 establece que la responsabilidad criminal del presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, y que si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, solo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. Además, la prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos de este artículo. Es decir, un presidente que cediera territorio se enfrentaría a penas de entre 12 y 20 años de prisión por traición, sin posibilidad de indulto.
Pero el análisis va más allá. La cesión de un territorio español a un país extranjero podría implicar otros delitos: prevaricación, delito contra la integridad territorial, rebelión administrativa, malversación de caudales públicos —entregar gratuitamente una parte del patrimonio nacional— o delito contra los derechos de los ciudadanos de Ceuta. La conclusión que se extrae es que, a menos que se derogara el Código Penal antes de regalar Ceuta, el presidente que lo intentara se pudriría en la cárcel.
La otra vía: cambiar la ley o indultar
La historia reciente de este país ha demostrado que las normas se pueden reformar cuando conviene. Hay quien recuerda que la Constitución tampoco permite amnistías y ya se han visto. Y si se cambia la ley, siempre queda el recurso del indulto o la amnistía para los que se despisten. La pregunta es si los jueces, que en los últimos años han visto cómo se tocaba la separación de poderes, estarían dispuestos a tragar con algo así. La respuesta más extendida es que no, que a día de hoy los jueces tienen los cojones escocidos de tanto como se los ha tocado.
La quinta columna y la ventana de oportunidad
Hay quien sostiene que Marruecos ve una ventana de oportunidad. El ministro marroquí sabe que en Ceuta y en Melilla, y en Ávila y en Madrid, y en Barcelona y en Salamanca, mucha gente vota todavía y a pesar de todo a PP y PSOE. Es decir, que la clase política española no va a plantar cara. En este contexto, se habla de una quinta columna que sería el PSOE, en su conjunto —por acción u omisión—, y de una sexta columna, por primera vez en la historia, que sería el PP, cómplices con una significación aparente menor pero igualmente efectiva. La más peligrosa, según este análisis, es la sexta, porque vota en España no a algo que después vota sí en Europa y se debe aplicar en España.
El precedente del Sáhara y la presión demográfica
El argumento de fondo que utiliza Rabat es que «no somos un país para resolver el problema demográfico de ningún otro». Quieren cooperar con España, pero exigen respeto para sus hijos y sus familias. Traducido: que asumamos sin rechistar su peso demográfico primero, y luego político y religioso después. La respuesta que se da desde este lado es que mejor harían ocupándose de su población antes que humillarse altivamente por el respeto debido a esa población que tratan como ganado.
El precedente del Sáhara pesa. Ya se cedió el Sahara, que estaba bajo responsabilidad española, y no pasó nada. Aunque formalmente no se ha cedido —legalmente sigue siendo nuestro—, el gesto se hizo. Y hay quien ve en la declaración del ministro marroquí el siguiente paso de una escalada pactada entre Mohamed VI y Pedro Sánchez para tensionar la situación hasta el punto de hacer que intervenga el Rey y termine cayendo el gobierno. O, en la versión más conspirativa, para escalar un conflicto que acabe con la declaración de un estado de excepción.
¿Qué se espera ahora?
La respuesta oficial ha sido contundente: «Ceuta y Melilla son españolas. No hay nada más que discutir». Pero la pregunta que queda en el aire es si esa firmeza se mantendrá cuando Marruecos empiece a tensionar la frontera, cuando lleguen las elecciones generales de 2027 y cuando el gobierno necesite algo de Rabat. La historia de este país sugiere que las declaraciones firmes de hoy son las cesiones silenciosas de mañana. Y mientras tanto, la final del mundial se haría en territorio español al 50%, que es el lado positivo que algunos encuentran a la gestión corparyida.