Un bar se convierte en asociación gastronómica para permitir que sus clientes fumen

El bar que se hizo sociedad para no apagar el cenicero​

¿Se puede seguir fumando dentro de un bar sin saltarse la ley? Un local de Zaragoza sostiene que sí. Se ha erigido en asociación gastronómica, da de alta gratis a sus clientes como socios y cobra las consumiciones no como bebidas, sino en concepto de «reposición del material consumido». El hilo enlaza además con una noticia sobre un bar del barrio zaragozano de Santa Isabel con el mismo propósito. Quien está dentro es socio; el invitado que entra por primera vez acepta los estatutos y, con ellos, la posibilidad de tener a un fumador en la mesa de al lado.

Qué es una sociedad gastronómica y qué exige la ley​

Una asociación cultural o gastronómica se constituye con un mínimo de tres socios, personas físicas o jurídicas. Requiere acta fundacional —pública o privada—, estatutos aprobados en asamblea y órganos de gobierno propios, con junta directiva incluida. Ese es el traje legal que se han enfundado estos locales.

El problema es que el traje aprieta. Según se apunta en el debate, las entidades sin ánimo de lucro no pueden tener personal contratado, y un bar vive, precisamente, de vender bebida y comida. Si el establecimiento renuncia a la licencia de bar, renuncia al negocio; si la mantiene, sigue sujeto a la prohibición. La cuadratura del círculo hostelero, con el añadido de que las cuentas hay que cuadrarlas ante la inspección.

El fraude de ley que la inspección verá a simple vista​

Para una parte del análisis, el invento canta demasiado. Si las consumiciones se facturan como «reposición de material», queda por ver cómo se declara el lucro y qué balance presenta el local. Se apunta incluso a que la figura podría derivar en algo más serio que una sanción administrativa, si se interpreta como fraude de ley. Conviene decirlo con prudencia: son escenarios que se plantean, no condenas firmes.

Hay quien sostiene que un club de fumadores bien armado —sin ánimo de lucro, con socios y sin plantilla— es una fórmula que la propia normativa contempló y que, por tanto, no debería dar sorpresas. En contra pesa el detalle de que esas fórmulas venían con condiciones cerradas, precisamente para que nadie las usara de pantalla.

Qué dice el mercado frente a qué dice la norma​

La explicación más incómoda es la más simple: había bares de fumadores porque el mercado los pedía. Los hosteleros no abrieron ceniceros por vocación sanitaria, sino porque tenían parroquia fija, de las que casi pasan lista. La ley de 2006 les dejaba elegir; la de después cerró la puerta a la elección.

Ahí está el nudo. Unos defienden que quien entra en un local privado entra porque quiere, que nadie le obliga y que el cartel avisaba. Otros replican que respirar humo es una agresión a la integridad y que un cartel no equivale a un consentimiento expreso. Entre medias, un participante repite un detalle: que la ley permite fumar en cárceles y psiquiátricos, espacios públicos con usuarios forzosos, y lo prohíbe en un bar donde el cliente decide entrar y salir.

La picaresca como respuesta al cierre normativo​

La conversación deriva pronto hacia el clásico. Si hay una norma que choca con la costumbre, en España aparece la fórmula para sortearla. La pregunta no es si estos bares aguantarán, sino cuántos imitarán el modelo antes de que la inspección afine el olfato.

El horizonte no ayuda. Mientras aquí se discute si una asociación gastronómica puede tener ceniceros, en el hilo se enlaza una noticia sobre la retirada de la prohibición total del tabaco en Grecia.

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Al final, el negocio que arriesga multa por dejar fumar no es un kamikaze: es alguien que ha hecho cuentas. Y las cuentas, de momento, le salen. Habrá que ver si le salen también al inspector.