Un detalle que me molesta de los migrantes

Inmigración y mercado laboral: la incomodidad no es con las personas sino con el rol asignado​

El debate sobre inmigración y economía suele plantearse como un choque entre quienes ven mano de obra necesaria y quienes denuncian presión salarial. Pero hay un detalle que molesta más que la llegada en sí: el papel que la sociedad reserva a quien llega.

Los inmigrantes sirven el café, cuidan ancianos, recogen fresa o reparten pizza a domicilio. Trabajos necesarios, sí, pero también mal pagados y con poco prestigio. Hasta ahí, casi nadie discute que hacen falta. El malestar aparece cuando esa misma persona pretende estudiar, montar un negocio u optar a un puesto mejor. Entonces el discurso cambia.

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La paradoja del trabajador imprescindible​

Hay un consenso incómodo: la economía española está montada sobre una base de empleos que los nativos no quieren cubrir. La hostelería, el campo, los cuidados o el reparto a domicilio dependen de la mano de obra migrante. Lo dice hasta el dato demográfico: sin esa aportación, el sistema de pensiones y de cuidados no se sostiene.

Pero el mismo empresario que reclama temporeros luego pone pegas cuando el hijo del temporero estudia una carrera y quiere un puesto cualificado. Se valora al inmigrante como fuerza física, no como ciudadano con aspiraciones. Esa contradicción recorre el debate: se le aplaude mientras barre la nave, se le mira con recelo cuando estudia oposiciones.

El economista que observa este fenómeno no puede evitar ver un diseño deliberado: mantener un ejército de reserva para los trabajos que nadie quiere. La integración real implicaría asumir que el hijo del camarero puede ser el director de la empresa, pero eso choca con una estructura productiva que necesita puestos precarios cubiertos por población sin red.

Movilidad social: el ascensor que nadie quiere ver​

Los datos que circulan en el análisis económico muestran una realidad tozuda: los hijos de inmigrantes, cuando reciben educación y estabilidad, rinden igual o mejor que los nativos. Hay testimonios de estudiantes de origen extranjero que acceden a universidades, colegios profesionales y hasta cuerpos de inspección del Estado.

Eso no siempre se celebra. La movilidad social del migrante se percibe como amenaza en lugar de éxito del sistema. Si el hijo del pakistaní que vende en el mercadillo se convierte en médico, todos ganamos. Pero algunos sectores lo viven como una invasión silenciosa de espacios que consideraban propios.

El caso que circula de una asesoría fiscal con una venezolana de prácticas que atiende por teléfono ilustra esa incomodidad cotidiana: el cliente no espera un acento extranjero al otro lado de la línea, pese a que la chica esté mejor formada que muchos. Esa anécdota resume mejor que cien informes el estado real de la integración.

Inmigración y salarios: la competencia que no se nombra​

Hay quien sostiene que la llegada masiva de trabajadores dispuestos a cobrar menos presiona a la baja los salarios de los sectores más vulnerables. Es una teoría clásica de mercado laboral: si aumenta la oferta, baja el precio. Pero conviene no confundir causa y efecto. La precariedad no la crea el inmigrante, sino un marco legal y un modelo productivo que permite salarios mínimos y contratos parciales.

Los empresaurios —según unos— o la clase política —según otros— aparecen como los auténticos beneficiarios de una inmigración que abarata costes. Los trabajadores nativos de igual cualificación ven cómo su poder de negociación se reduce. Los inmigrantes, por su parte, aceptan condiciones que un nativo con red familiar rechazaría.

La conclusión de varios análisis es que no hay un único culpable, sino un sistema que usa la llegada de población como válvula de presión salarial. El debate ideológico sobre inmigración oculta la discusión de fondo: qué modelo de empleo queremos y quién paga la factura de la precariedad.

El futuro demográfico: relevo o sustitución​

La demografía marca un destino inevitable. Con una natalidad española bajo mínimos, los inmigrantes y sus hijos serán el relevo generacional en muchos oficios, incluidos los cualificados. Un dato que circula en el análisis apunta a que dentro de un cuarto de siglo el 90% de la población menor de 30 años será de origen inmigrante.

Esa cifra, se mire como se mire, espanta a unos y da esperanza a otros. Hay quien ve la desaparición de una identidad nacional; otros ven la salvación de un país que envejece sin reemplazo. La realidad probablemente esté en el medio: España será distinta, como lo fue cuando llegaron los andaluces a Cataluña o los extremeños a Madrid.

La educación será la clave para que ese relevo no sea una bomba social sino un ascensor. Los hijos de inmigrantes educados y con expectativas de prosperar pueden dinamizar la economía; los que se queden en la brecha perpetuarán la exclusión. No es un problema de razas, es un problema de políticas públicas.

Política y relato: la palabra como campo de batalla​

La discusión sobre si llamarlos migrantes, inmigrantes o ilegales no es una obsesión léxica de las élites progresistas. El lenguaje condiciona la percepción. Quien dice "invasión" construye un relato de amenaza; quien dice "personas refugiadas" apela a la compasión. Ambas simplificaciones falsean la complejidad del fenómeno.

Detrás de la semántica hay una lucha por definir quién tiene derecho a estar y en qué condiciones. El término "migrante" resulta neutro y técnico, mientras que "ilegal" lo criminaliza. La economía, sin embargo, no entiende de etiquetas: necesita cuerpos y cerebros, y los necesita cuanto antes.

La ironía final es que mientras se discute el nombre, el sistema sigue funcionando porque hay quien barre, sirve y recoge. La cuestión incómoda es qué pasará cuando esos trabajos dejen de cubrirse con los que llegan huyendo de la miseria y haya que pagarlos decentemente para que los haga cualquier ciudadano. Quizá entonces el "problema" migratorio se convierta en otra cosa.