Un enviado de Leire Díez enseñó al narcotraficante 'El etniano' la rutina de la juez del hermano de Sánchez para que le diese «un sustillo»

El enviado de Leire Díez que habría llevado el «sustillo» a la jueza Biedma​

El Debate publicó en exclusiva los detalles de un encuentro celebrado a finales de 2024 entre Luis José Sáenz de Tejada —que reportaba a la red de Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE— y el entorno de un narcotraficante condenado por ocultar el mayor alijo de droga incautado en Badajoz en los últimos años. El objetivo, según esa información, era hacer llegar a la magistrada Beatriz Biedma, instructora de la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, que estaba siendo objeto de un seguimiento físico. La finalidad del mensaje, siempre según el relato periodístico, era intimidarla.

Qué se sabe del encuentro de finales de 2024​

Los elementos que recoge la información son concretos en lo esencial: una reunión, un intermediario que actuaba para la estructura de Leire Díez y un mensaje dirigido a una jueza que instruye una causa sensible. Lo que no existe, a día de hoy, es resolución judicial alguna que dé por acreditado el episodio. Todo se sostiene sobre la publicación de un medio, no sobre una diligencia policial o un auto.

Ese es el punto que más incomoda del asunto, y sobre el que vuelve buena parte del análisis: si la reunión existió, quién la autorizó, con qué recursos se financió y qué vínculo real unía a la denominada fontanera del PSOE con un condenado por narcotráfico. Nada de eso está resuelto.

La anotación del diario: «Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano»​

Uno de los datos que se ha puesto sobre la mesa es una anotación atribuida al diario personal de Leire Díez, filtrada y difundida: «Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano». Se presenta como dato objetivo, no opinable, y se usa para sostener que la magistrada estaba en el punto de mira antes de que el caso saltara a los medios.

En paralelo circula otra información, publicada por El Español, según la cual desde el entorno socialista se habría trasladado al clan conocido como Los Rochos una oferta del tipo «eliminad a Biedma y la Fiscalía cerrará vuestros casos». Es una acusación de una gravedad extrema que, por ahora, solo tiene el respaldo de una fuente periodística.

¿Por qué el caso no está en ningún juzgado?​

Porque, de momento, lo que hay es una exclusiva periodística y no una denuncia con recorrido. La crítica más repetida apunta a esa asimetría: se describe una operación de presión sobre una jueza y no consta que se haya abierto diligencias por ello. A partir de ahí, el diagnóstico se divide.

Hay quien sostiene que el episodio encaja en el manual clásico de las cloacas, con intermediarios de bajo nivel y negación plausible por arriba. Otros apuntan que el recurso a delincuentes comunes para tareas sucias no es patrimonio de un solo partido. Y una tercera corriente, más escéptica, anticipa que al final no habrá pruebas suficientes ni encaje penal.

Sobre la trayectoria de Leire Díez pesa además su paso por la dirección de Correos en periodo electoral y la afirmación, atribuida en su día al general Intxaurrondo, de que su único vínculo con el PSOE era «una foto». Ese contraste —de afiliada casi anónima a pieza central del relato— es el que alimenta la desconfianza.

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El análisis se atasca exactamente aquí: existe un relato periodístico detallado, una jueza que instruye una causa que afecta al entorno familiar del presidente del Gobierno y ninguna resolución que confirme o desmienta lo publicado. Hasta que alguien lo lleve a un juzgado, la discusión seguirá siendo sobre lo que se cuenta, no sobre lo que se prueba.