Un mena ha forzado a un niño de 4 años. Podemos y PSOE culpables.

Delincuencia y nacionalidad: dos relatos, dos juegos de datos​

La difusión en redes de una agresión sexual a un menor de cuatro años —presuntamente cometida por un menor extranjero no acompañado— ha reabierto el choque político sobre inmigración y criminalidad. El caso, divulgado a partir de mensajes de representantes públicas, se ha traducido en pocas horas en una pelea de cifras. Nadie discute la condena del hecho. Todo el mundo discute qué dicen los registros sobre la nacionalidad de quienes delinquen en España. Ahí se rompe el terreno.

Qué se sabe del caso que originó la polémica​

El detonante es un mensaje reproducido en redes que atribuye la agresión a un menor extranjero no acompañado alojado en un centro de protección. La información circuló sin que en el material disponible conste confirmación judicial alguna sobre autoría o circunstancias. Sobre ese punto de partida se montó el resto: exigencias de responsabilidad al Gobierno central, reproches a las administraciones autonómicas y llamadas a endurecer la vigilancia de estos centros.

La primera reacción mayoritaria no fue pedir expulsiones masivas, sino más medios. Una formación regionalista planteó reforzar el control de los centros para evitar que convivan niños pequeños con adolescentes, según la lectura que circuló de su propuesta. La diferencia entre exigir recursos y exigir deportaciones fue, en los primeros compases, notable.

Los porcentajes de la Ertzaintza y de la Policía Foral de Navarra​

El primer bloque de datos que entró en liza procede de informes policiales autonómicos. Los registros atribuidos a la Ertzaintza sitúan a detenidos de origen extranjero en el 77% de los robos con violencia, el 82% de los hurtos, el 71% de las estafas, más del 70% de las lesiones y el 68% de las agresiones sexuales. Son porcentajes sobre personas detenidas, no sobre población residente.

El segundo bloque llega de un informe de la Policía Foral de Navarra: casi el 80% de los robos con violencia en 2025, el 57% de las agresiones sexuales con penetración —55% en 2024— y hasta el 70% de los homicidios y asesinatos, incluidas tentativas, corresponderían a autores extranjeros. Cifras citadas, nunca publicadas con metodología abierta. De ahí al titular del tipo dato mata relato solo hay un paso.

El dato del Ministerio de Igualdad que cambia el relato​

Frente a esa lectura, otro bloque se apoya en registros estatales: el 68,8% de los agresores sexuales registrados en el año tiene nacionalidad española, frente al 32% de otras nacionalidades. Misma materia, conclusión opuesta. Y ninguno de los dos bandos está mintiendo necesariamente.

La clave no está en la buena fe de las fuentes, sino en qué se cuenta y sobre qué base. Un registro administrativo de agresores sexuales no equivale a un recuento policial de detenciones, y ninguno de los dos es un censo de población. Comparar sin homogeneizar es el deporte nacional de la estadística política, y aquí se practica con entusiasmo.

¿Cuántos extranjeros hay en las cárceles españolas?​

Cerca de la mitad de la población reclusa, según la cifra que más se repite en la conversación. Sobre esa base se ha presentado un diferencial del 245% en la tasa de extranjeros en prisión respecto a los españoles y del 300% en el caso de los detenidos. La proporción, sin embargo, se mueve bastante según se mida sobre el total de internos o sobre el conjunto de residentes. Ese detalle —el denominador— es justo el que desaparece en la mayoría de los titulares y mensajes.

Por qué los porcentajes no cuadran según el denominador​

Un mismo hecho admite dos lecturas si cambia la base de cálculo. Sobre población total, cualquier colectivo con más presencia en tramos de edad jóvenes y con menos arraigo laboral aparece sobrerrepresentado en los registros policiales. Sobre población reclusa, la comparación mide otra cosa: quién acaba en prisión dentro de quienes ya fueron detenidos.

Ninguna de las dos cifras es falsa por separado. Las dos son tramposas cuando se usan para decir más de lo que dicen. Y ahí el análisis se atasca: la nacionalidad figura en los registros, sí, pero el registro no explica la causa, ni el arraigo, ni la reincidencia, ni la edad, ni el tipo de delito. El origen es una variable; no es una explicación.

De quién es la culpa, según cada relato​

Una parte de la discusión sostiene que la responsabilidad última es del Ejecutivo central, por no controlar la frontera y por no expulsar a quien delinque. Otra reparte la culpa entre todos los partidos que, a su juicio, han aplicado la misma política y cuestiona que la solución pase por contratar más personal. Los hay que llevan el reproche al conjunto del electorado o a los agentes judiciales y policiales, una tesis que el resto del intercambio no respalda.

En medio de ese fuego cruzado, un argumento técnico se abre paso con dificultad: un extranjero puede ser expulsado por cualquier delito, incluso leve, aunque la decisión final corresponde al juez, que pondera gravedad, salud pública y reincidencia sexual. Con los papeles en regla o sin ellos, la deportación no es automática.

Qué pide UPN y qué pasa con la regularización​

En el fondo del asunto aparece una cifra que circula sin desglose: 500.000 personas pendientes de regularización. No se detalla el origen del número ni el horizonte temporal, y sirve tanto para pedir mano dura como para justificar la urgencia de más medios. La formación regionalista navarra, por su parte, ha reclamado más recursos para controlar los centros de menores no acompañados, no la expulsión automática de sus internos.

Con los datos en la mano, la conclusión sigue abierta. Los registros existen, se contradicen entre sí y nadie ha publicado todavía la serie completa que permita compararlos en igualdad de condiciones. Lo demás —la parte que se lleva el titular y la que se lleva las *paguitas* imaginarias— es interpretación.