Un catedrático pide represaliar a los no vacunados
«Las personas que no se hayan vacunado contra el virus de la Covid-19 deben ser represaliadas por atentar contra la salud pública y la vida de los demás». La frase no salió de un perfil anónimo ni de un tuit nocturno. Se publicó en un diario digital y la firmaba Ramón Reig, catedrático de Periodismo de la Universidad de Sevilla. El texto apareció en plena campaña de vacunación y reabrió el pleito que la pandemia dejó sin cerrar: dónde acaba la opinión y empieza el discurso de odio, y quién tiene la potestad de trazar esa raya.
La tesis del artículo: vacunarse como frontera del Bien
El núcleo del texto era una inversión moral explícita. Vacunarse era el Bien; no hacerlo, el Mal. «Eso se acabó, el llamado Bien y el Mal están entre nosotros, el Bien se llama ciencia, estudio y existencia y el Mal ignorancia y vivir como una planta», sostenía el autor. Para una parte del público, ese párrafo no era retórica: era la deshumanización de un colectivo etiquetado por una decisión sanitaria, el paso previo que en otros contextos históricos ha precedido a medidas mucho más duras. La coincidencia de fondo entre críticas que rara vez se dan la mano —juristas, escépticos de las vacunas y sectores que simplemente desconfían del relato oficial— fue justo esa lectura.
La queja del doble rasero en el delito de odio
La objeción que más se repitió no fue el contenido, sino la impunidad. El argumento es incómodo y va más allá del caso concreto: si un editorial pidiera represaliar a cualquier grupo por su condición, ¿cuántas horas tardaría en abrirse una investigación? Aquí, sostienen quienes lo denunciaron, no pasó nada. El texto se trasladó a asociaciones jurídicas y plataformas de defensa de derechos civiles por si podía constituir delito de odio, y la respuesta fue el silencio administrativo. Esa asimetría percibida —ley severa para unos discursos, manga ancha para otros— ha alimentado el descontento mucho más que cualquier consigna.
¿Represaliados cómo? La pregunta que nadie contesta
Falta lo elemental: ¿cómo se represalia exactamente a alguien por no vacunarse? ¿Multa, exclusión laboral, pérdida de acceso a servicios? El artículo no lo detalla. Esa ausencia de concreción convierte el texto en un fenómeno interesante para el análisis: una consigna sin manual de instrucciones funciona como válvula de escape emocional, no como propuesta de política pública. Y la cobertura superaba ya el 90%, lo que dejaba la amenaza en un blanco residual: a nueve de cada diez no había nada que reprocharles.
Dos años después: del artículo al relato único
El asunto se reactivó casi dos años más tarde, sin rectificación ni disculpa. Para entonces el marco interpretativo había mutado: el caso se leía ya como un ejemplo más de un patrón —el de un discurso mediático que converge, casi al unísono, en torno a un solo relato—, y ese patrón se extrapoló a otros asuntos de actualidad que nada tenían que ver con la pandemia. A ello se sumó la inquietud por una justicia constitucional en plena renovación de sus magistrados, lo que agrió aún más la percepción de que las reglas se mueven según convenga.
Con el 90% de la población vacunada y el texto todavía accesible sin nota correctora, la pregunta que queda en pie es la más simple: si el objetivo era proteger la salud pública, ¿qué lograba un artículo que solo dividía a los ya protegidos? Nada, salvo instalar la sospecha de que la línea entre el Bien y el Mal nunca fue sanitaria.